77% de las audiencias en municipios ñublensinos corresponde a lobby

Al cumplirse un año de la implementación de la Ley de Lobby en municipios de todo el país (28 de agosto), la Fundación Multitudes divulgó el estudio “Lobby Ciudadano: Desafíos y Oportunidades a Nivel Municipal”, ejercicio de más de seis meses durante los cuales se categorizaron y catalogaron casi 48 mil audiencias realizadas entre septiembre de 2015 y junio de 2016.

El estudio, a través del análisis de datos publicados por el portal Infolobby, presentó una radiografía general sobre el tipo de audiencia solicitada y su pertinencia a la ley. 

De acuerdo a los datos obtenidos, se detectó una sobreutilización del mecanismo de solicitud de audiencia y una falta de capacitación de los funcionarios municipales, la sociedad civil de base y de los vecinos de las comunas. 

Casi un 34% de las audiencias otorgadas en el período de 11 meses no son materia de la ley; 43 municipios no otorgaron audiencias, y 48 comunas de las 345 del país han otorgado menos de cinco  audiencias.

El informe detectó, además, que existe una correlación directa entre el nivel de vulnerabilidad de las comunas, y el número de audiencias. Este último es mucho menor en los municipios más vulnerables, es decir, con menor población y mayor dependencia del Fondo Común Municipal según la tipología de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere). 

Efectividad en Ñuble
En Ñuble, 20 de las 21 comunas registraron al menos dos audiencias durante el período estudiado. Solo San Ignacio no tuvo reuniones.

San Nicolás destaca como el municipio donde más registros existen (se ubica quinto a nivel nacional), con 1.070 audiencias. De ellas, 974 fueron objeto de la Ley del Lobby, es decir, realmente se justificaba que fueran informadas, lo que la deja con un porcentaje de efectividad de 82%.

Ñiquén es otra comuna destacada a nivel país. Contabilizó 682 reuniones, 527 referidas a materias que norma el Lobby, con un 77,2% de efectividad.

En el otro extremo está Pinto, que si bien tiene un 100% de audiencias referidas a materias de la normativa, solo materializó dos durante el período estudiado. San Fabián en tanto, alcanzó un 60,4% de efectividad (145 de 240 audiencias), porcentaje menor a la media nacional, que fue de 67%.

Es decir, un 33% de las audiencias no correspondió a materias que especifica la Ley del Lobby, lo que demuestra que el hecho que un municipio tenga una alta tasa de audiencias registradas, no implica que la ley se esté empleando de forma adecuada. Un caso  ilustrativo  de  ello  es  la  comuna  de  San  Esteban,  que  de  sus  1.143  audiencias, apenas un 16,5% calificaron como materias de Ley de Lobby.

En la Provincia de Ñuble, en promedio, un 77% de las reuniones informadas correspondieron efectivamente a lo que especifica la nueva normativa.
principal motivo: 

Asuntos personales
Existen 43 comunas que no registran audiencias por Ley de Lobby en los 11 meses estudiados. De estas, 38 coinciden con un informe realizado por el Consejo de la Transparencia, en el cual se revelan los 60 municipios que no registran audiencias por parte de sus alcaldes.

Según las categorías construidas a partir de las materias de las audiencias, un 40,4% del total se clasifica como “solicitudes o consultas sobre beneficios sociales”. En esta categoría, las audiencias solicitadas van en búsqueda de ayuda social y/o oportunidades laborales. Esta última situación se da aún existiendo otros departamentos municipales encargados de la asistencia social, como Dideco y Omil. Según Fundación Multitudes, se produce un efecto indeseado, que es generar bases de datos de personas vulnerables.

Con lo anterior, el estudio concluyó que existe un alto nivel de desconocimiento de la aplicación de la ley por parte de los administradores de la plataforma a nivel de municipio, como también una baja capacidad de discernir si publicar o no materias o información personal sensible.

Por  otro  lado,  una  de  cada  10  audiencias no  puede ser clasificada, porque no se entiende. Esto presenta dificultades al momento de transparentar qué temas se tratan en las reuniones entre autoridades y sujetos activos. A su vez, entorpece la posibilidad de identificar una acción de lobby.