Consejo de Rectores entregó respaldo a universidades del G9

El pasado 4 de agosto, el Gobierno le dio suma urgencia al proyecto de reforma a la Educación Superior, el cual ingresó al Parlamento a comienzos de julio.


La iniciativa, que no ha logrado satisfacer las expectativas de alumnos, rectores y el mundo político en general, ha sido cuestionada en varios de sus puntos, entre ellos, la diferenciación que hace entre los planteles del Estado y el resto, reuniendo en este último grupo a universidades pertenecientes al Consejo de Rectores que son privadas, pero con una clara tradición y vocación pública (congregadas en el G9), como la U. de Concepción, U. Austral o U. Federico Santa María; y las creadas después de 1981.


Esta “discriminación en el trato”, según el G9, los tiene en alerta, ya que tampoco existe claridad respecto de la mantención de los actuales fondos basales para su financiamiento. Es más, se proyecta un fondo común de investiación, al cual todas las casas de estudios que reciban recursos del Estado deberán postular, en tanto a los planteles del Estado sí se les entrega un estatus diferente.


Además de reunirse con la ministra de Educación, para plantearle sus aprensiones, y preparar su intervención en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que sesionará tres días a la semana para votar cuanto antes el proyecto; los rectores del G9 solicitaron hace unas semanas el apoyo formal del Consejo de Rectores (Cruch) por medio de una carta, la cual envió el pasado 22 de julio el presidente del G9 y rector de la Pontificia U. Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui, al vicepresidente ejecutivo del Cruch y rector de la U. de Valparaíso, Aldo Valle.


El contenido de la misiva fue puesto en conocimiento de todos los rectores en la última sesión plenaria del Consejo, y tras un intenso debate, el comité ejecutivo del Cruch decidió respaldar las demandas del G9.


“Los integrantes del Consejo de Rectores compartimos ampliamente la convicción inequívoca que las universidades del G9 han contribuido históricamente al desarrollo de la educación superior del país, la investigación científica y la cultura en todas sus manifestaciones”, se sostiene en la misiva, enviada el pasado jueves al rector Elórtegui.


Y se añade: “Las universidades no estatales del Consejo de Rectores han hecho un valioso aporte a la función pública que debe ser reconocido por la nueva legislación y las políticas que se implementen en el futuro como consecuencia de la reforma al sistema de educación superior”.


Por la misma razón, se recalca en la carta enviada por el Cruch, “que esas universidades no deberían ser tratadas de la misma forma que las universidades privadas creadas después de 1981, especialmente en materia de aportes institucionales que deben asegurar su desarrollo. Atendida la validación social y simbólica que la sociedad chilena le ha atribuido a estas universidades, el Consejo de Rectores considera imprescindible que la política pública garantice la sustentabilidad del rol que hasta ahora han cumplido”.


Junto con lo anterior, el Cruch expresó una voluntad de reconocimiento mutuo a partir de la diversidad de instituciones que integran el Consejo de Rectores, todo ello, “en beneficio del bien común y de los objetivos nacionales para una mejor educación superior del país”.


Aprensiones del g9
El rector de la U. de Concepción, Sergio Lavanchy, ha sostenido en  reiteradas ocasiones que uno de los aspectos más importantes a observar en la reforma a la Educación Superior, es cómo se determinarán los instrumentos y mecanismos de financiamiento.


“Ésa es una preocupación transversal entre las universidades del Consejo de Rectores, más allá que al grupo de universidades como la nuestra (G9), se nos priva, elimina, un fondo basal que sí lo mantienen las universidades del Estado, lo que nos parece muy bien. No nos oponemos a eso. A las universidades estatales hay que fortalecerlas, lo que decimos es que también hay que fortalecer a estas otras universidades, que sin ser del Estado, han demostrado ser de función pública, como es el caso de la Universidad de Concepción”, manifestó.


Al mismo tiempo, le preocupa la falta de reconocimiento a la función que cumplen los planteles del G9.


“Hay una dimensión global, porque el proyecto de ley no está alineado con los objetivos que se pretenden. También pensamos que es un proyecto que no fortalece el concepto de educación pública superior, tanto a las instituciones dependientes del Estado, como a aquellas que han sido consideradas hasta hoy, en distintas legislaciones, como universidades de carácter público pertenecientes al Consejo de Rectores”, detalló.


Se estima que el proyecto de reforma a la Educación Superior debiera ser votado en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados en noviembre o diciembre próximos. 


Esto, luego que el Ejecutivo le otorgara suma urgencia, lo que permitirá sacar la iniciativa con mayor celeridad.


Se cifra en más de 30 las personas y organismos que expondrán ante la instancia parlamentaria, que sesionará tres días a la semana de aquí a fin de año.