Radiografía al Sename en Ñuble: ausencia de cupos, abusos y fugas

El miércoles pasado, por orden del Ministerio Público, la Policía de Investigaciones realizó un allanamiento en absolutamente todas las direcciones regionales del Servicio Nacional de Menores (Sename) a lo largo del país, lo que constituye un hecho histórico, ya que jamás se había hecho un procedimiento de esta naturaleza en una institución estatal completa.

La PDI recibió la orden de retirar los computadores de algunos directores regionales y jefes técnicos; por otro lado, aquellos computadores que no podían ser retirados para no entorpecer la dinámica laboral de cada oficina, fueron objeto de una copia total del disco duro, a lo que hay que sumar la incautación de múltiples archivos y documentación en papel que se conservaban  en cada oficina.

La mega diligencia fue encargada por el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, a quien se le ordenó encabezar las indagaciones para cuantificar, especificar y detallar médica y toponímicamente las cerca de 185 muertes de menores al cuidado del Sename, en los últimos 10 años.

Con un director nacional renunciado a meses de haber asumido el cargo; con una nueva directora, Solange Huerta, cuyo nombramiento fue cuestionado desde el punto de vista ético por haber sido la fiscal que investigó y pidió cerrar la indagatoria en contra de la Presidenta Michelle Bachelet en cuanto a las responsabilidades que le  imputaban por las muertes del tsunami de 2010; y con la ministra de Justicia, Javiera Blanco en el ojo de las críticas por supuestas influencias en Gendarmería para colocar en puestos altamente remunerados a algunos colaboradores del Gobierno, es que se encuentra el actual escenario del Sename a nivel nacional, la institución más cuestionada en cuanto a eficiencia, resultados, competencias y además por los dineros que el Gobierno le destinó para financiar sus proyectos.

Hoy, por lo tanto, la presión política y mediática por reformar este servicio es de una energía poca veces vista y todo deberá partir con un diagnóstico a fondo y sincero.

500 cupos para 890 casos en Ñuble

En Chillán el Sename hizo un catastro familiar el año 2013, el que arrojaba que 25,6% de la población total de la ciudad estaba conformada por niños de entre 0 y 17 años, es decir, cerca de 45 mil.
De ellos, cerca de 36 mil son menores de 14 años.

Un 30% de ellos vivía en familia monoparentales y la tasa de fallecimientos era de ocho por cada 1.000.

Más del 86% de los niños dijo que le gusta su colegio; solo un 1% admitió malos tratos de profesores y cerca de un 46% dice que cuando desobedecen a sus padres, éstos los castigan. 

Es decir, un 64% no recibe sanción en el hogar cuando “se portan mal”.

Con estas cifras globales de la situación de la infancia en la ciudad y el país, en el arranque del actual Gobierno el Ministerio de Justicia entregó financiamiento para que las organizaciones e instituciones asociadas al Sename pudieran atender hasta 500 casos de niños que debían ser intervenidos con urgencia en estos centros de rehabilitación por haber sido vulnerados gravemente en sus derechos.

 Sin embargo, Yerka Aguilera directora ejecutiva del centro Llequén, el más importante en esta índole en la región, certificó en una ponencia sobre Infancia y Adolescencia organizada por el ex gobernador de Ñuble y candidato a concejal por Chillán, Patricio Huepe, que “no se previó lo que hoy muestra la Provincia de Ñuble, que tiene 890 niños que han sido derivados a estos programas. En cambio, los cupos para intervenir a menores infractores de la ley hoy más de la mitad están vacantes”.

Por tal razón Aguilera dijo a LA DISCUSIÓN que lo que espera de la actual dirección nacional del Sename es que “conozca del tema”, admitiendo que tal solicitud también es una crítica a las direcciones anteriores, pese a reconocer que la falta de cupos “también puede pasar por un tema de recursos”.
En su mayoría chillaneja, los menores que por orden judicial han debido ingresar como víctimas o infractores a los programas de intervención, pertenecen a los sectores de las poblaciones Los Volcanes, Lomas de Oriente, Río Viejo y Vicente Pérez Rosales.

En orden decreciente, las causas por las que ingresaron son “negligencia parental”, “maltrato grave o abusos sexuales” y por “peligro material y moral”.
Entre los menores agredidos sexualmente en sus casas, en el caso de las mujeres, las principales denuncias apuntan a niñas de entre 12 y 16 años; mientras que en los varones, el grueso de las víctimas tienen entre 6 y 10 años.

Los menores ingresados en calidad de infractores son cerca de 140, conforme a datos del Llequén.

“Curiosamente, y según datos del Ministerio Público local, el año pasado la Fiscalía recibió 1.200 denuncias por delitos cometidos por menores; de esos casos se formalizó a 200 niños, y de ellos, estos 140 fueron derivados a nuestros programas, entonces la pregunta es qué pasa con esos mil niños que ni siquiera fueron formalizados”, apuntó la directora del Llequén.

Drogas y reuniones por sueldos

Dirigir un proyecto de rehabilitación en los centros del Sename de Ñuble tiene un grado de complejidad dramáticamente mayor a décadas pasadas.
La razón de esto se basa en dos principales causas que no requieren mayor explicación: la droga y la pornografía infantil.

Fue el año 1991 en que comenzaron a aparecer las primeras organizaciones destinadas a trabajar con niños vulnerados en Chillán.

Eran los tiempos en que a diario se veían niños de ocho años en adelante aspirando bolsas con neoprén en las cercanías del Mall Patio Las Terrazas y cuando en las inmediaciones de la estación de trenes la prostitución era diaria y tan evidente como las camionetas blancas a las que se subían.

Sin embargo, centros como la Casa Belén, el Hogar de Cristo irrumpieron al mismo tiempo en que apareció la corporación Llequén.

“En esa época hubo que hacer una evangelización con cada alcalde de las 21 comunas, para que nos apoyaran. Y se logró”, dice Luz Gutiérrez Lavado, ex directora del hogar Villa Jesús Niño y directora del Centro de Lactancia de Concepción.

De hecho, la personera admite que cuando en esos años se entregaron cerca de $100 millones por parte del Gobierno para financiar los gastos del Sename, “hasta nos sobró plata”.

Pero la irrupción de las drogas duras en Chile y en Chillán “lo cambió todo, los casos se tornaron demasiado complejos, el nivel de agresiones, la cantidad de niños agredidos sexualmente, los niños abandonados creció demasiado. Hoy no sé si sería capaz de sacar un programa de rehabilitación en esas condiciones”.

Viene en este punto un agregado que solo empeora la situación. “Hoy los recursos que entrega el Estado son muchos más, sin embargo, la mayoría se va en sueldos para funcionarios, consejeros y gente que hace estudios”, acusa Luz Gutiérrez.

Y lo anterior es totalmente confirmado por quien fuera director del Sename Bío Bío desde 2000 al 2010, el trabajador social Marcos Fernández.
“Una de las rabias más grandes que pasé como director del Sename fue una vez que reclamé que el 80% de las reuniones que hacíamos en el servicio era para conversar sobre ajustes salariales y reivindicaciones sociales de los trabajadores, en vez de hacer planificaciones laborales o estrategias para mejorar la situación de los niños. Sin embargo, lo único que me respondieron fue que había que atender los requerimientos de los funcionarios. Fue ahí que me di cuenta del destino que tendría todo esto”.

Los hogares en Ñuble

Son siete los hogares de menores asociados a la red del Sename en la Provincia de Ñuble, siendo el mayor de todos el de la Villa Jesús Niño, de Chillán, con 49 menores ingresados actualmente.

También en Chillán están los hogares Nuestra Señora de la Esperanza, que solo recibe a preescolares, con 30 niños al día de hoy; y el de Nuestra Señora de Fátima, ubicado camino a Las Vertientes, con 16 menores.

En Chillán Viejo están el Teresa Toda y el Hogar Franz Reinisch, con 32 y 13 menores respectivamente.

En San Carlos se encuentra el hogar de Fundación Mi Casa, con 27 internos; mientras que en Bulnes está el hogar de la Cruz Roja, con 32 niños inscritos actualmente.

De ellos, solo la Villa Jesús Niño cuenta con un equipo especializado para trabajar con casos complejos, en términos de niños severamente maltratados o con problemas conductuales graves.

Desde este mismo hogar aseguran que “gracias a Dios, no hemos tenido que lamentar la muerte de ninguno de nuestros niños”.
Sin embargo, sí se registró un deceso, como lo recuerda Luz Gutiérrez Lavado. “Fue una niña de 17 años que era alumna del Colegio Darío Salas y quien, por lo que se supo en esos años en que yo ya no estaba a cargo del hogar, murió de hanta”.

En otro caso mediático, en septiembre de 2009 el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán condenó a la pena de 10 años y un día de cárcel, a dos choferes de esta misma villa, quienes actuaban como padres sustitutos, por haber abusado y violado  a un grupo de cinco  niñas de entre 9 y 14 años, en 2007.
En agosto de 2015 este mismo tribunal condenó a un contratista a la pena de 12 años de cárcel por contratar servicios sexuales de cuatro menores de un hogar de menores de esta ciudad, abusos cometidos en diferentes meses de esos años.

Lo anterior está relacionado con las constantes fugas de menores desde estos centros y que hoy tienen a dos adolescentes de 15 y 16 años sin paradero conocido desde que hace ya más de dos semanas se arrancaron del hogar de la Cruz Roja de Bulnes.

Mientras en el Sename explican que “nosotros no somos una cárcel”, la madre de uno de esos menores, Johana Videla, dijo que “me lo quitaron porque decían que allá iba a estar mejor, pero al menos mientras vivía conmigo, nunca se me arrancó y de ese hogar no es primera vez que se fuga”.

Y sobre los 185 casos de muertes  que investigará el fiscal Emilfork, ni siquiera hay un catastro, es más, las indagaciones preliminares realizadas en este sentido le han permitido advertir a los persecutores que hubo centros en los que fallecieron menores debido a enfermedades graves o de larga data, pero que no fueron informadas al Ministerio Público.