Vecinos de Huambalí se oponen a expropiaciones por nueva avenida

Los vecinos que viven en la vereda poniente de la Avenida Huambalí y en los sectores aledaños que debieran ser expropiados para la futura remodelación de la arteria, están sumamente expectantes frente a la marcha de las negociaciones con el Ministerio de Vivienda, el Serviu y la Municipalidad de Chillán, pues temen que los valores que se vayan a cancelar por sus casas no sean adecuados, sino que precios muy bajos.


La comunidad de Huambalí está tensa a la espera de definiciones relevantes para el futuro que les espera cuando las entidades estatales comiencen el proceso de construcción de la avenida, que tendrá características muy diferentes a las de la actualidad, como doble vía, bandejón y ciclovías.


El proceso para reconstruir la avenida fue planteado por la Secretaría de Transportes del Ministerio de Transportes, quien incluyó a esta arteria ubicada al sur de la comuna en el Plan Maestro para la intercomuna, que fue establecido durante el año 2012 y que tiene plazo de ejecución hasta el 2022.


En total, son 14 iniciativas millonarias que pretenden generar más de 40 kilómetros de doble vías en diferentes sectores de la ciudad para calles como Alonso de Ercilla, Los Puelches y Paul Harris, entre otras, que están en diverso estado de desarrollo.


Justamente la Avenida Huambalí es una de las que tiene mayor grado de avance y por lo tanto aparece como una de las obras que serían ejecutadas en el corto plazo por parte del Minvu. Fue esta entidad la que en el pasado financió las intervenciones que cambiaron la cara a las avenidas Martín Ruiz de Gamboa y Bernardo O’Higgins, entre el año 2007 hasta el año 2011.


Para modelar la nueva Avenida Huambalí su diseño fue entregado a la empresa Solutiva Consultores Limitada , que ofertó $122 millones tras la licitación que concluyó hace unos meses.


El delegado provincial del Serviu, Óscar Crisóstomo, comentó que “de esta manera uno de los proyectos más relevantes para mejorar la conectividad vial en la intercomuna se encuentra en etapa clave de su licitación”.  


Lo que se busca con el diseño de ingeniería en curso es definir “mediciones de tránsito, mecánica de suelo, pavimentación, aguas lluvias, iluminación, señalización, semaforización, desvíos de tránsito, paisajismo y expropiaciones, entre otras variables”. 


Asimismo, precisó que el diseño considera en el tramo Avenida Collín y Los Alerces, una doble calzada de 6,5 metros cada una, separada por una mediana de siete metros y aceras de seis metros. 


“Desde Los Alerces hasta Reino de Chile, la doble calzada aumenta a siete metros cada una, y aceras de 5,5 metros. Todo lo anterior fue visado por el Sistema Nacional de Inversiones del Ministerio de Vivienda.


No obstante, para lograr plasmar estas ideas en la realidad, es necesario que mientras avanza el estudio de ingeniería, la entidad mandante llegue a acuerdo con los vecinos respecto de valores que serán cancelados por la gran cantidad de expropiaciones a viviendas y sitios que serán ocupados en el ensanchamiento de la vía.


Además el diseño planteado hasta ahora considera la creación de una curva a la altura de Avenida Collín, que permitirá que Huambalí desemboque directamente en 5 de Abril, eliminando la doble curva que se produce en Collín, lo que además facilitaría el tránsito vehicular.
Valores insuficientes


Los vecinos de Avenida Huambalí plantean que han expuesto sus dudas respecto del proceso de expropiaciones que se lleva adelante para remodelar la avenida, pues estiman que probablemente no se les paguen los valores que corresponden a sus terrenos, donde han vivido desde hace décadas.


Aseguran que esto no es un hecho subjetivo ni un capricho del vecindario. El presidente de la unidad vecinal del sector, Héctor Clavería, plantea que desde hace varios años,  cuando se les informó oficialmente que venía un proceso de compra de sus propiedades, analizaron lo que había sucedido en las otras grandes avenidas ya intervenidas en Chillán y la impresión que tienen no es la mejor. De hecho creen que el Ministerio de Vivienda cancelará valores insuficientes.


Clavería indicó que “el 90% de los vecinos de la avenida no quieren que se les expropien sus propiedades,  pues con los dineros que obtendrían difícilmente accederían a viviendas similares en otros barrios de la ciudad”.


Recalcó que “la mayoría de las personas que viven en la avenida son adultos mayores y tienen toda una vida en el sector. No creen que existan las garantías para irse a vivir en otras zonas de la ciudad”.


El representante agregó que la comunidad además está molesta, por cuanto la información de parte de las autoridades municipales y de la Seremi no ha fluido como esperaban, por lo que existen muchas preguntas sin respuestas.


El grupo organizado había solicitado hace más de un año que se realizara una reunión ampliada para avanzar en definiciones claras respecto del proyecto y los perjuicios y eventuales beneficios para las personas, pero aquello no ha ocurrido.


Se suponía que representantes de la Seremi de Vivienda y del gobierno comunal se reunirían con ellos el pasado jueves, pero la cita fue suspendida a última hora y trasladada para el próximo 2 de agosto. 


En las reuniones que han sido realizadas a la fecha, y a través de informaciones a las que han podido acceder a través de las licitaciones de diseño publicadas por el Minvu, han podido constatar que existen diferentes versiones respecto de la superficie que será expropiada. La última información que manejan son 34 metros de terreno, desde la línea de calle, los que serán expropiados.


A tribunales
Las preocupación de los vecinos es absolutamente legítima, si se considera que el proceso de expropiaciones estaría próximo a comenzar, pues según el cronograma que manejan, aquel se activaría una vez que termine el estudio de ingeniería. La empresa contratada por el Ministerio de Vivienda para realizar el diseño definitivo de la nueva ruta, donde debe calcular costos globales y entre ellos las expropiaciones, tiene que entregar el informe final a mediados del año 2017.


“Una vez que terminen el diseño de ingeniería para la nueva avenida se estima que la fase de expropiación estatal de los terrenos y propiedades debiera ser relativamente corto”, planteó Clavería.


Al menos eso es parte de la programación ministerial, pero los vecinos no están dispuestos a recibir montos bajos por sus viviendas, por lo que recurrirán a tribunales en caso de que sus demandas no sean satisfechas. “Las personas que viven acá en verdad no están dispuestas a aceptar cualquier precio por sus terrenos,  por lo que recurrirán a la Justicia para judicializar cada una de las causas”, anticipó Clavería.


Agregó que según los precedentes de las expropiaciones judicializadas en la Avenida O’Higgins, los pagos del Estado a los vecinos una vez que las causas fueran zanjadas por tribunales subieron sustantivamente.


El problema con este tipo de obras, recalcó, es que el Estado cancela a los dueños de las viviendas valores mínimos que no les sirven para adquirir propiedades en otras zonas donde puedan tener una calidad de vida similar.