6 dueños de casinos populares llevan pugna penal a inédito juicio oral

Un término interpretable y tal vez ambiguo es una de las claves que permitirán visualizar lo que será el futuro de los llamados casinos populares en Chillán.

Tal término es “y otros”, con que finalizan las especificaciones de giro de las patentes autorizadas por el municipio a los dueños de estos locales de juegos de destreza o azar que por años han estado en la mira de la misma entidad que autorizó su funcionamiento. La patente dice que se extiende el permiso para el giro de “pelucheras, máquinas de video juegos y kiddies y otros”, apunta el abogado Héctor Mella, uno de los defensores en esta causa.

La historia de desencuentros entre locatarios y autoridades municipales se arrastra por años, siendo uno de sus hitos la confección de dos ordenanzas municipales que prohíben su funcionamiento. Los textos causaron la ira de los afectados, quienes acusaron haber cumplido al pie de la letra todos los requisitos que anteriormente les habían exigido, con los consecuentes gastos en reparaciones y adaptaciones de los locales que tuvieron que realizar.

Fue el 11 de diciembre de 2014 el día en que finalmente el alcalde Sergio Zarzar firmó la segunda ordenanza que prohibía los locales para giro de máquinas de azar en la comuna.

Y el 17 de abril de 2015, tres de estos lugares fueron objeto de clausuras, lo que derivó en un acto de rebeldía reflejada en que en menos de 24 horas de puesto el adhesivo con la leyenda “Clausurado”, los castigados los sacaron y abrieron nuevamente las puertas al público, acto que excede la desobediencia a una normativa municipal para convertirse de lleno en un delito contemplado en el Código Procesal Penal.

Es en ese contexto que los ahora imputados ya no resolverían los líos pagando multas en el Juzgado de Policía Local, sino que enfrentaron formalizaciones en el Juzgado de Garantía de Chillán con una investigación en su contra por parte del Ministerio Público, entidad fiscal que este miércoles intentó resolver el litigio en un juicio simplificado, proponiendo una pena de 41 días de cárcel (a pagar con firmas y no privados de libertad), más una multa de 6 UTM.

De haber sido condenados en estos términos, para los locatarios el haber persistido en actitudes de rebeldía ante las clausuras habría significado sumar un nuevo delito, el desacato, por lo que las penas y las multas seguirían en aumento hasta llegar a un punto en que la cárcel habría sido la única condena posible.

Es por eso que solo uno de ellos aceptó las condiciones, el locatario Juan Rubio, cuyo abogado, Ricardo Robles, explicó que la decisión la tomó porque “de todos los imputados era el único que realmente estaba trabajando sin ninguna patente”.

El resto, Arturo Portiño, Carlos González, César Opazo, Ovandro Viedma, Carlos Guzmán y Eduardo Sepúlveda optaron -por consejo de sus respectivos defensores- por no aceptar la propuesta de cierre fiscal y buscar un resultado favorable en un juicio oral agendado para el próximo 17 de agosto a las 12.00 horas.

La negativa obedece a que, como lo destacara el abogado Héctor Mella, ellos sí tenían patente comercial vigente, con giro para las máquinas de destreza, los kiddies y las pelucheras “y otros”.

Desde ese punto de vista, “si la patente existía, entonces no había lugar para la clausura y en esas circunstancias, se cae todo el delito”, añadió Ricardo Robles.

En la municipalidad, por su parte, apuntan a que no puede haber interpretaciones erróneas si se entiende que por decreto municipal están prohibidas las máquinas de azar y no hay ampliación de giro posible que las permita.

La Fiscalía, en sus tres acusaciones, decía que tal clausura fue dispuesta por haberse alterado de hecho el giro de la patente, al ejercer actividad comercial no autorizada de máquinas de juego.

“El Ministerio Público dice que estas máquinas eran ilegales,  lo que es falso, porque son todas de habilidad y destreza, ni en la municipalidad ni en la Fiscalía han hecho un peritaje serio, solo uno ocular a las máquinas, y no existe ninguna certificación técnica que acrediten que son juegos de azar, y es eso lo que pretendemos demostrar en el juicio con las pruebas que ofrecimos”, expresó el otro abogado de los locatarios, David Garrido.

Será precisamente en el próximo juicio oral del 17 de agosto en donde el Tribunal de Garantía deberá tasar la validez de cada argumento y determinar si las resoluciones aplicadas en otras ciudades por la Contraloría General de la República pueden ser aplicadas por extensión a lo que debe regir en Chillán.

Ordenanza versus leyes
En plena sesión de Concejo Municipal del pasado lunes, el edil socialista Carlos Hernández, quien había recogido unas denuncias informales respecto a que autoridades del propio municipio estaban arrendando sus locales a personas que se instalaban con casinos populares, solicitó que se pudiera conocer la identidad de los dueños de esos inmuebles.

Aunque no explicó los motivos que proyectaría con esa información, lo cierto es que esa misma jornada el propio concejal pidió no ser tan exigentes con quienes se instalan con juegos de destreza porque, explicó, se trata de una fuente laboral.

“Entiendo que se trataría de una sanción moral para quien está al margen de la ley”, dijo el concejal de RN Jorge Vaccaro, quien -precisamente- fue cuestionado por arrendar un local de la galería que le pertenece a su familia para funcionar como un negocio de juegos de azar.

“Para mí fue un tremendo problema, mucha gente me criticó y lo cierto es que una vez que se cumplió el plazo del contrato no lo volví a renovar, pese a que ofrecieron el doble de lo que pedíamos”.

Y un problema similar lo está viviendo el propio alcalde Sergio Zarzar, puesto que “un local que pertenece a su hermano se arrendó a una persona que le dijo que se instalaría con una importadora, luego puso máquinas de destreza y después de azar, entonces el propio Sergio (Zarzar) solicitó su clausura, pero otra vez hubo rotura de sellos y sigue funcionando”.

En el Concejo saben que no se tratará de una batalla sencilla.

La ordenanza municipal chillaneja que prohíbe estas máquinas en los locales se amparan en “ciertas ambigüedades de la ley, entonces ha sido complicado hacer cumplir nuestras intenciones, claro que queremos una ciudad ordenada y a eso apuntamos, pero no siempre la ley nos ha dado el margen para actuar”, enfatizó Vaccaro.

Convencer a los dueños de locales del centro para evitar arrendárselos a quienes ocuparán estos giros puede ser aún más complejo si se entiende que ha habido ofertas por hasta $5 millones mensuales por locales puestos en arriendo por $1 millón 700 mil.

“Al final es una apelación a la conciencia”, finalizó el concejal.