AFP Estatal: más de lo mismo

Mario Arzola Acuña

Constructor Civil Pontificia Universidad Católica de Chile Ingeniero Constructor, Universidad Tecnológica Metropolitana.


En la cuenta anual presentada el 21 de mayo pasado, la Presidenta de la República anunció la decisión de acelerar la tramitación del proyecto que crea una AFP estatal, ya que a su juicio, esto significaría más competencia, menores costos de administración y mejor cobertura. La iniciativa intenta hacer frente a la creciente demanda de la ciudadanía por modificaciones al actual sistema de administración de fondos, por considerarlo lesivo para sus expectativas e intereses en materia de pensiones al momento de jubilarse.

Como es sabido, el sistema actual de pensiones administrado por las AFPs está basado en la capitalización de la cuenta individual que cada afiliado mantiene en estas instituciones privadas con cargo a sus cotizaciones previsionales mensuales, en la cual el pilar de mayor incidencia está conformado por la rentabilidad que obtengan las inversiones de esos fondos, efectuadas con sujeción a una regulación común aplicable a todo el sistema. A cambio, las administradoras perciben comisiones que deben pagar los afiliados y que según datos disponibles les habría generado utilidades anuales del orden del 30%.

Pero además de las variables señaladas existen otras condiciones que inciden en la determinación de las pensiones a la hora de acogerse a retiro: tasa de la cotización, período de cotizaciones, expectativa de vida de los afiliados.

Entonces podemos advertir que de todas las variables que inciden en la determinación de las pensiones, solo dos dependen exclusivamente de la gestión de la administradora: la rentabilidad de los fondos, por tanto será fundamental la decisión que tome la entidad a la hora de decidir en donde invertir, sin embargo bajo reglas definidas por el sistema el margen discrecional  para las administradoras, en ese sentido, no es relevante; y la tasa por concepto de comisión, no obstante los valores que se manejan en el mercado, hace que ese aspecto tampoco sea significativo entre una u otra administradora y en la determinación de la cuantía de los ahorros previsionales.

Por tanto es razonable suponer que una AFP estatal enmarcada bajo el mismo sistema que impera para las restantes administradoras significaría más de lo mismo y por tal razón no daría solución al problema de fondo, para lo cual se requiere modificaciones.

Sin embargo, en lo inmediato, existen dos cuestiones paradojales en relación a igual número de aspectos considerados relevantes para constituir el fondo de capitalización de cada afiliado y por ende para determinar el monto de la pensión, que requieren corrección; me refiero a la base sobre la cual se aplican las comisiones y a las lagunas que presentan algunos afiliados.

La normativa vigente establece que las comisiones por el depósito de las cotizaciones permanentes sean determinadas sobre la base de un porcentaje de las remuneraciones y rentas imponibles que dieren origen a dichas cotizaciones, en circunstancias que la cotización misma equivale al 10% de esa remuneración y por lo tanto solo el monto así resultante pasará a manos de la AFP para su administración.  

En cuanto al segundo aspecto, históricamente las autoridades han manifestado su preocupación frente a esa circunstancia y tal es así,  que por ley, el año 2012 comenzó el ingreso gradual al sistema previsional de los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios. Sin embargo en enero del presente año, fue publicada la ley Nº 20.894 que prorroga hasta el año 2018 lo obligatoriedad de cotizar de estos trabajadores independientes.

Ambas disposiciones, se apartan del objetivo central: maximizar los beneficios de los afiliados en el concierto del sistema previsional y por tanto merecen revisión.