Rector plantea temas clave ad portas del envío de Reforma

Mantención de la estructura de financiamiento y clasificación de las universidades preocupa a los planteles del G9 Proyecto tampoco considera un estatus especial ni un fondo  para entidades de regiones

Días agitados vive la educación superior, ad portas del envío al Parlamento del nuevo marco legal propuesto por el Gobierno, el cual estaría en manos de la Presidenta Bachelet el próximo 10 de junio. 

Ningún cambio de fondo en el sistema de financiamiento es algo que preocupa a las universidades del G9 (privadas con vocación pública, miembros del Consejo de Rectores), entre ellas, la Universidad de Concepción.

Su Rector, Sergio Lavanchy, quien este martes estuvo en Chillán encabezando el acto de aniversario de la casa de estudios, reiteró que aún no han podido conocer el texto completo de la reforma que enviará el Ejecutivo.

“Tuvimos reunión del Cruch el jueves pasado en Antofagasta, a la cual asistió el jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Francisco Martínez, quien nos explicó nuevamente que el proyecto contiene una parte relativa a la institucionalidad, con la Subsecretaría y la Superintendencia; otra concerniente a la calidad, con el Consejo de Calidad, y otra sobre la estructura de financiamiento, que no tendrá cambios. Esto significa que los instrumentos de financiamiento seguirán siendo los mismos, quizás con otros montos: Aporte Fiscal Directo, aportes de convenio marco para las universidades estatales, y los basales por desempeño para las universidades del Cruch que no son estatales, es decir, la estructura seguirá siendo la misma. Lo que sí se incluirá en la ley será la gratuidad”, aseveró Lavanchy.

Según la máxima autoridad de la UdeC, “esto ha provocado dudas, pues uno tiende a pensar que seguirá la educación de mercado. Otro punto que nos preocupa es la clasificación que se hace de la educación superior: universidades estatales (16 más las dos creadas recientemente); educación técnico profesional (CFT e IP) y universidades  privadas. Nosotros como UdeC, junto al G9, hemos planteado nuestro desacuerdo con esta clasificación tan simple, porque eso tiene consecuencias en muchas cosas, quizás no ahora, pero sí en el futuro”, argumentó. 

Y añadió: “Si bien nosotros somos una corporación de derecho privado, fuimos creada por un decreto de ley, al igual que las otras ocho del G9, entre ellas, todas las de la Iglesia Católica. Ahí va a haber un tema de discusión importante, porque sabemos que hay universidades privadas que se crearon después de 1981 y que han ido desarrollando sus proyectos. Es muy difícil definir qué es vocación pública sin entrar a discriminar, pero creemos que sí hay antecedentes para hacerlo”, argumentó.

La reforma tampoco plantea un estatus especial o un fondo especial para las universidades regionales, como se había solicitado.

“Al interior del Cruch existe una agrupación de universidades regionales y se le ha hecho saber al Gobierno esta inquietud, así como también esperamos que en el Parlamento se discutan ciertas atribuciones de la nueva institucionalidad, pues una cosa son los lineamientos generales, y otra, las particularidades, como por ejemplo, el respeto a la autonomía de las casas de estudios”, concluyó.