Encapuchados, intolerancia y violencia

Mario Arzola Acuña

Constructor Civil Pontificia Universidad Católica de Chile Ingeniero Constructor, Universidad Tecnológica Metropolitana.


Eduardo Lara Tapia, padre de familia y jefe de hogar, ha fallecido víctima de la violencia ejercida por manifestantes que provocaron un voraz incendio mientras cumplía con sus funciones laborales cotidianas.

Las trágicas consecuencia de estos hechos merecen por sí solos el más absoluto repudio de la ciudadanía y deberían hacer reflexionar a quienes propician, incitan o utilizan la violencia como medio legítimo para lograr sus objetivos, que en muchos casos ni siquiera han sido identificados plenamente; a través de estas acciones provocan destrucción, atentan gravemente contra la convivencia nacional y derivan en consecuencias irreparables para personas que nada tienen que ver con las motivaciones de sus actos, dejando una profunda huella de dolor entre sus familiares. 

Quienes actúan de esta forma deberían entender que la experiencia vivida en el país durante épocas pasadas, señala que actos de esa índole derivan inexorablemente en una espiral de violencia que nunca se sabe dónde terminará y son capaces de comprometer tan gravemente la convivencia nacional, que precisamente hechos de esa naturaleza fueron algunas de las causas que llevaron a una profunda crisis de entendimiento entre los compatriotas y finalmente al colapso de la democracia.

Deberían entender, en definitiva, que su derecho a manifestarse no puede expresarse de cualquier manera y por sobre los derechos que legítimamente corresponden a los demás, pasando incluso por sobre un derecho tan fundamental como es el derecho  a la vida. El respeto por los derechos de los demás constituye un elemento básico para  una sana y pacífica convivencia.

Por su parte también el Gobierno a través de sus más altas autoridades, debería reaccionar oportunamente frente a estos hechos y antes que sea demasiado tarde, teniendo presente en primer término el deber y la obligación que le asiste en orden a asegurar “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas”, conforme lo establece el numeral 1) del artículo 19º de la Constitución Política, así como también el resguardo del orden público. En ese contexto, correspondería una reconsideración de los criterios utilizados para autorizar manifestaciones de esta naturaleza y de las condiciones exigidas para su realización.

Correspondería también una revisión completa de la normativa legal aplicable para estos casos  e impulsar las modificaciones que fueren necesarias, a fin de propiciar los instrumentos legales más idóneos para perseguir las responsabilidades civiles y penales de quienes resulten responsables en hechos de esta naturaleza. No es posible admitir que en la inmensa mayoría de los casos los autores de estos desmanes recuperen su libertad casi tan pronto como fueron detenidos, mientras el Poder Judicial justifica su actuación aduciendo que las leyes vigentes carecen de la fuerza necesaria para someterlos a proceso o que los elementos de prueba son insuficientes para ese propósito.

Mientras todo esto sucede, algunos sectores políticos se han opuesto tenazmente a legislar acerca de la presencia de elementos encapuchados en las manifestaciones públicas o a dar curso a una moción legislativa que permita el control de identidad preventivo, medidas que sin duda serían de mucha utilidad para prevenir la irrupción de individuos que a rostro cubierto logran mantenerse en la impunidad frente a sus actos delictuales.