Fraude en Ch. Viejo: Juzgado pone plazo final para presentar acusación

En una audiencia celebrada el pasado viernes en el Juzgado de Garantía de Chillán, la magistrado Claudia Madsen, dejó para el 10 de octubre próximo la fecha para que el Ministerio Público presente la acusación judicial, para cerrar el caso "fraude al fisco en la municipalidad de Chillán Viejo", declarando para esa fecha por lo tanto como el plazo de cierre de la investigación judicial.

Teniendo presente que se trata de una causa que ha generado una profunda polémica no sólo por tener a 10 imputados que pertenencen a la planta laboral del municipio, incluyendo al alcalde; más una empresaria particular, sino porque las investigaciones se arrastran desde el 2014, la jueza fue enfática en que "es la úlitma vez que este tribunal otorga una ampliación de plazo, consierando que el tiempo que han tenido los intervinientes, a jucio de este tribunal, ha sido más que suficiente", dijo.

La investigación apunta al extravío contable de $80 millones durante el periodo eleccionario de 2012 y que las defensas respectivas lo aducen a un desorden administrativos (y no necesariamente un delito) y durante el proceso de investigación. La formalización se realizó recién en 2018, los imputados han cambiado de defensores, lo que sumado a que inicialmente la causa se dejó en manos del jefe de la Fiscalía de Yumbel, Álvaro Serrano (porque la esposa de Aylwin trabaja en el Ministerio Público local) , dieron pie para que los intervinientes pidieran constantemente más plazo para investigar la causa.

La ampliación, de todas maneras, fue durmamente criticada por algunos defensores, como Sergio Zúñiga, Ricardo Robles y Rodrigo Vera Lama, quienes incluso insistieron en la necesidad de inistir en la destitución de Serrano como fiscal de la causa, entendiendo que al sumarse oficialmente a la planta chillaneja luego de ser trasladado desde Yumbel, "se pierde el principio de objetividad, porque ahora Serrano es colega de la esposa del alcalde Aylwin", dijo Rodrigo Vera Lama.

"Yo me opuse a la ampliación de plazo, no sólo porque creo que estos 5 años fueron suficientes, sino porque también me opongo a las razones que expuso la fiscalía. Según ellos todavía les faltan diligencias por hacer, específicamente diligencias solicitadas a la propia municipalidad", apuntó Zúñiga. 

Vera Lama, además, criticó el que "el fiscal reconoció en la audiencia que se le había olvidado pedir el levantamiento del secreto bancario en el caso de uno de los imputados, entonces esto es una prueba más de la falta de prolijidad con que ha llevado la investigación".

Así, el 10 de octubre deberá quedar claro de qué cargos específicos se acusa a cada imputado, la pena que se solicitará en cada caso, las pruebas de defensa y de persecución, más los testigos que deberán presentar en el juicio. Y en caso que se sobresea a alguno de los imputados, también deberá definirse en esa fecha.