Marcelo Drago: “Lo óptimo es la ADP porque da garantías técnicas”

  • Por: LaDiscusion.cl
  • Fotografía: Fernando Villa

En un 60% aumentaron este año las solicitudes respecto al registro del año pasado. 9.015 solicitudes de información se han realizado en la Región de Ñuble desde 2009.

Marcelo Drago, abogado y máster de Administración Pública de Harvard, a sus 45 años es el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), cargo en el que está desde octubre del año pasado.

De visita en Chillán afirmó que la Alta Dirección Pública es la vía más óptima para la elección de cargos públicos, ya que en la Región de Ñuble hay 18 delegados ministeriales, puestos que son de exclusiva confianza del Presidente de la República; los DFL crearon otros 50 cargos directivos, la mayoría de ellos (26) correspondientes a directores regionales de servicios, 21 de los cuales se llenarán vía Alta Dirección Pública (ADP).

-¿Qué le parece que sean pocos los cargos que se elijan bajo la ADP?

-Es un tema que va más allá de lo que me corresponde como presidente del Consejo Para la Transparencia. En ese sentido, lo importante es que exista un cronograma claro donde se privilegie el uso de ADP como mecanismo deelección de autoridades.

-¿Ud. cree que todos los cargos de la Región de Ñuble deberían ser creados por la ADP?

-Lo óptimo siempre es usar el sistema de ADP porque da garantías técnicas respecto de la persona seleccionada. Siempre la última palabra la tiene la autoridad que designa el cargo, pero al menos, este sistema hace que el candidato a ese cargo pase por varios filtros técnicos, que a mi juicio son importantes para tener una administración del Estado eficiente y que cumpla con estándares adecuados.

-¿Por qué cree que los cargos restantes no se eligen vía ADP?

-Porque hay cargos que requieren ciertos niveles de confianza de la autoridad política. De eso, no cabe ninguna duda, más aún de la autoridad electa, particularmente del Presidente de la República. Por lo tanto, que tenga cierto nivel de libertad para designar autoridades que son de su confianza es un sistema que bajo un esquema presidencial va a seguir existiendo siempre. Lo óptimo es tratar que esos cargos se acoten a lo indispensable.

-En otro tema, ¿las corporaciones municipales deberían formar parte de la Ley de Transparencia, como la que administra el Teatro Municipal de Chillán, por ejemplo?

-Si su creación proviene desde las autoridades del Estado, y la dirección está a cargo de funcionarios del mismo, quienes ejercen ciertas funciones públicas, en ese caso, sí debería. Habría que revisar la situación del Teatro, porque si cumple con los requisitos anteriores, evidentemente se tendrá que establecer un sistema de transparencia de acceso a la información y eso es responsabilidad del alcalde, no de la corporación.

-Ñuble pretende ser región piloto en descentralización. ¿Cómo podría replicarse aquello en el ámbito de transparencia? ¿Cuáles son los desafíos en esa materia?

- La nueva región debe tener la transparencia como uno de sus elementos centrales. Además, actualmente es importante porque el país vive una crisis de confianza entre la ciudadanía y las instituciones públicas. Por lo tanto, todo lo que se pueda hacer para incorporar la transparencia desde un comienzo, permitirá que la gente recupere la confianza en determinadas instituciones.

-¿El Consejo tendrá alguna bajada local con la región? ¿Cómo se van a organizar?

-Lamentablemente el Consejo es una entidad muy centralizada. Solo tiene oficina en Santiago y no tiene establecimientos en regiones. Queremos avanzar en establecer oficinas en las regiones, no sé si en todas, pero al menos en macrozonas que permita un punto de encuentro entre los ciudadanos y el Consejo para la Transparencia, para apoyarlos en el sistema de acceso a la información y capacitar a la gente cuando sea necesario.

-¿Cuáles son los desafíos del Consejo a largo plazo?

-A futuro tiene que haber más información detallada para evitar las solicitudes uno a uno. Además, la idea es llegar a un solo sistema integral de transparencia en el que la entidad sea responsable de garantizar este derecho para todos los poderes estatales como la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional y el Banco Central.