Fiscalía Regional del Biobío confirma nueva denuncia contra sacerdote

  • Por: LaDiscusion.cl
  • Fotografía: Mauricio Ulloa

Varios casos de abuso en Ñuble ya están en manos de la Comisión Scicluna. Marcia Venegas es la fiscal preferente de la Región de Ñuble.

Tres denuncias por presunto abuso sexual cometidos por sacerdotes investiga la Fiscalía de Chillán. La última acusación fue recibida hace unos días. Desde la Fiscalía Regional del Bío Bío se comunicó que “ingresó hace pocos días una denuncia por parte de una persona que involucra a un sacerdote”. La Fiscalía no puede revelar si la víctima del posible delito sería un menor de edad.

El fiscal nacional, Jorge Abbott, implementó la designación de un fiscal preferente en cada Fiscalía para indagar las denuncias por delitos sexuales cometidos por miembros del clero. En el caso de la Región de Ñuble, la fiscal preferente es Marcia Venegas, quien está a cargo de las tres investigaciones.

La fiscal ya dio la orden de investigar a la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI en los tres casos.

En relación a las dos denuncias anteriores en que son investigados por presuntos abusos sexuales contra menores los sacerdotes Renato Toro y Héctor Bravo, la Fiscalía recalcó que en ambos casos se decidió abrir una investigación por oficio “a través de la información que fue publicada por la prensa, no por el obispo ni los sacerdotes”.

“Recibimos la orden de la Fiscalía, las investigaciones se iniciaron, la primera al día siguiente de emitido el reportaje”, confirmó el subprefecto de la Brigada de Delitos Sexuales contra Menores, Cristián Foster.

Los casos de Héctor Bravo y Renato Toro

La primera investigación por oficio que inició la Fiscalía fue la del caso de Héctor Bravo, luego de que la madre de la posible víctima denunciara los hechos en un reportaje televisivo, que habrían ocurrido en la capilla Divino Maestro, que pertenece a la parroquia San Juan de Dios, en 2009, año en que Bravo estaba a cargo de la parroquia.

El sacerdote actualmente continúa oficiando misas en la parroquia San Pablo, a pesar que el obispo Carlos Pellegrin inició una investigación para determinar la verosimilitud de las denuncias y que la Fiscalía hizo lo propio.

El abogado experto en Derecho Canónico de la Universidad Católica, Alejandro Álvarez, explicó que “de acuerdo el protocolo contra el abuso, durante la investigación previa el acusado goza de presunción de inocencia, se le recomendará la atención de un especialista, que transmitirá los resultados al obispo, pudiendo ser suspendido del ministerio”.

Sin embargo Álvarez precisó que “dada la crisis que vive la Iglesia chilena toda vez que las víctimas sean menores de edad, debe ser suspendido del ministerio e informarse a la justicia”.

La segunda investigación por oficio que inició la Fiscalía es la del sacerdote Renato Toro. El obispo Carlos Pellegrin comunicó a la prensa el mes pasado que recibió una denuncia por abuso contra un menor, y que ya había recibido otra anteriormente en 2012, por la que lo apartó tres años de sus actividades.

Nelson Sandoval, presidente del Colegio de Abogados de Chillán, frente al inicio de investigaciones por parte de la Fiscalía, sostuvo que “la Iglesia atraviesa por una situación difícil, que no ha sido bien llevada por la jerarquía de la institución. Pienso que las denuncias penales deben ser investigadas de forma acuciosa, y no tengo dudas que el Ministerio Público así lo hará. Cualquier persona que haya tenido conocimiento de delitos contra menores debería haberlo puesto en conocimiento de la justicia”.

Arremetida de las Fiscalías

A nivel nacional la Fiscalía Regional de O’Higgins, encabezada por el chillanejo Emiliano Arias, citó al cardenal Ricardo Ezzati en calidad de imputado por presunto encubrimiento de delitos sexuales contra menores cometidos por el excanciller de la Iglesia de Santiago, Óscar Muñoz, encargado de recibir denuncias y enviarlas al Vaticano. Además, Arias realizó un allanamiento el 13 de junio al Arzobispado. El material incautado desde la Oficina Pastoral de Denuncias permitió identificar a 40 víctimas de abusos sexuales cometidos por religiosos que optaron por denunciar a la Iglesia y no a la justicia.

La Fiscalía de la Región de La Araucanía decidió también allanar las oficinas del Arzobispado de Temuco y las dependencias de la Iglesia de Villarrica, luego de que los obispados se negaran a entregarla voluntariamente.

Se desconoce si estos allanamientos también serán realizados en la Diócesis de Chillán. 158 miembros de la Iglesia son investigados por el Ministerio Público a causa de abusos.