Desde 2011 se insta a sacerdotes a denunciar abusos sexuales

  • Por: LaDiscusion.cl
  • Fotografía: Mauricio Ulloa

El sacerdore Renato Toro fue sancionado por abusos de menores dentro de la Iglesia el año 2012.

Dos hechos nuevos reveló el obispo de Chillán Carlos Pellegrin el viernes pasado,  en el marco de los abusos cometidos por sacerdotes en Ñuble. Los dos se referían a Renato Toro Medina, director del Instituto de Catequesis de Chillán en 2006 y coordinador de la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Chillán, donde ofició su última misa dominical a mediados de junio pasado. 

El primero: una denuncia por abuso sexual a menores recibida por el Obispado el 24 de junio cuyos hechos habrían ocurrido entre los años 1983-1984. El segundo: que Toro ya había sido sancionado por la misma causa en 2012, siendo apartado de sus funciones  públicas hasta 2015. 

¿En qué año ocurrió ese abuso? ¿Por qué no lo denunció a la justicia cuando se enteró de la situación en 2012? ¿Qué lo llevó a otorgar un cargo en la Diócesis a alguien con una denuncia por abuso sexual contra menores y una condena dentro de la Iglesia? Carlos Pellegrin prefirió no responder ayer a LA DISCUSIÓN hasta que todos los hechos sean investigados. 

Por su parte, la Fiscalía de Ñuble aseguró escuetamente  que no tienen en su registro ninguna denuncia con el nombre de Renato Toro. 
Abogados expertos en Derecho Penal y Canónico analizaron ayer cuáles podrían ser las responsabilidades del Obispado en este caso, el último por presuntos abusos denunciado a nivel local.

El abogado penalista y profesor de Derecho Penal y Litigación, Juan Carlos Manríquez, afirma que si el hecho hubiese sido cometido en 2012, la figura legal de encubrimiento se podría haber investigado hasta cinco años después del hecho. 

“Si hubiese encubierto abusos sexuales de menores, con perfecto conocimiento del hecho y los partícipes, hasta 2017 pudo haber sido investigado si hubiesen existido indicios serios”, explicó Manríquez. 

Y agrega: “Pero si por esos hechos, entre 2012 y 2017 hubo una denuncia que pudo interrupir la prescripción y ese proceso sigue abierto o no ha estado suspendido por más de tres años, podría seguir investigándose”. Pero no hubo denuncia. 

Rodrigo Díaz, abogado experto en materias de religión e Iglesia, afirma que el obispo de Chillán, desde el punto de vista penal, tendría un grado de responsabilidad en que a pesar de que “jurídicamente no hay una obligación legal de denunciar, si yo no denuncio y hay un hecho delictual, automáticamente puedo llegar a ser responsable de los actos que cometa el delincuente posteriormente”.  

Díaz profundizó en la dificultad de que la justicia canónica y civil actúen coordinadamente, debido a que Chile es uno de los dos países de Latinoamérica que no cuenta con “concordato con la Santa Sede para ver qué justicia opera primero”. 

El juicio canónico 
Alejandro Álvarez, abogado y experto en Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, sostiene que el actuar de la máxima  autoridad eclesiástica en Ñuble como “muy grave, pues no se actúo conforme a las orientaciones vigentes desde 2011”. 

Estas orientaciones corresponden al documento “Cuidado y Esperanza”, aprobado por Benedicto XVI, para tratar casos de abusos sexuales en la Iglesia.
Álvarez detalló que “en ella se establece en sus numerales 53, 54 y 55 la recomendación de alentar a la víctima a denunciar, y establece como parámetro exigible la obligación de denunciar a ciertas personas, que se extrapola a los miembros de la Iglesia, que hayan tenido conocimiento de delitos contra menores de edad. La recomendación siempre es denunciar a la justicia civil”.

De acuerdo al abogado, un único elemento eximiría de responsabilidad al obispo: que los hechos de abuso hubiesen sido relatados bajo confesión.