Delitos municipales: una tarea que tiene a la Fiscalía “al debe”

Desde la entrada en vigencia del actual sistema procesal penal en Chile (2003) las fiscalías de Ñuble han investigado solo cuatro causas de fraudes al Fisco cometidos por funcionarios municipales, y en cada una de ella figura el respectivo alcalde dentro de los imputados.

Estos son el caso de la entrega de subsidios destinados a víctimas del terremoto que fueron, maliciosamente, entregados a una población de la comuna de Bulnes para solucionar una deuda vecinal que se arrastraba por años.

Esta causa tramitada en 2015 terminó con una condena para el alcalde, Rodrigo de la Puente, y a otros cuatro funcionarios, siendo ésta la única vez que la Fiscalía consiguió una pena.

El fracaso más rotundo para el ente persecutor fue en 2016. El caso de acarreo de votos (fraude a la ley electoral) en San Fabián y que involucraba a la entonces  alcaldesa Lorena Jardúa y otros tres funcionarios.

Tras una investigación de cuatro años y un juicio oral que se extendió por más de tres semanas (el más largo en la historia de Ñuble), los acusados no solo fueron absueltos por unanimidad, sino que el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán, y luego la Corte de Apelaciones condenó a los querellantes y al Ministerio Público a pagar las costas del juicio y una indemnización de 12 millones de pesos para cada acusado.

Luego está el caso más bullado de todos, el del fraude al Fisco en Chillán Viejo, aún vigente y con 11 imputados incluyendo al alcalde, Felipe Aylwin. Aquí, la palabra “polémica” ha sido la corona de la investigación tanto porque se formalizó a los imputados tras cuatro años de hecha la denuncia y, más aún, luego que los mismos imputados pidieran al Juzgado de Garantía de Chillán que le diera un plazo a la Fiscalía para sacar la investigación de su estado de secreta y se definiera de una vez por todas, quién era testigo y quién imputado.

La causa comenzó a ser investigada por el fiscal jefe de Yumbel, Álvaro Serrano, debido a que el Ministerio Público quería dar una señal de transparencia, considerando que en la Fiscalía chillaneja trabaja la esposa de Aylwin.

Sin embargo, ahora el fiscal Serrano renunció a la Fiscalía de Yumbel para trabajar como adjunto en Chillán, lo que incluso significó que varios de los defensores pidieran su inhabilitación. Lo que no ocurrió.

Para mayor resquemores, se ha comentado que la pérdida de los 80 millones (se ha dicho que incluso es más) fue para respaldar la campaña electoral de Aylwin, sin embargo, al alcalde solo se le investiga por un único delito de muy menor envergadura.

En el último ejemplo, la investigación por la pérdida de más de 615 millones de pesos destinados a la instalación de una red de alcantarillado para San Fabián, denuncia que nació en enero del 2015 estaba dirigida al entonces alcalde, Cristián Fernández, al director de Obras y al dueño de la empresa encargada de las obras.

Tras tres años sin movimiento judicial, el fiscal de San Carlos, Rolando Canahuate, pidió una audiencia para sobreseer la causa, con lo que se cerraría así la investigación y sin culpables.

La querellante, Lorena Jardúa y la procuradora del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Mariella Dentone, ya anunciaron que se opondrán a la solicitud fiscal. Una de las razones, al menos para el CDE, es que aún falta por hacer pericias demasiado importantes, como la contable, antes de descartar la existencia de delitos.

Se disfrazan los delitos

Consultado por nuestro medio, el exfiscal adjunto en Fiscalía Especializada en delitos violentos, económicos y funcionarios 2009-2013, de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, abogado Pedro Orthusteguy, el expresidente de la Asociación Nacional de Fiscales período 2011-2013, dice que “no creo que acá haya presiones políticas, al menos yo jamás las recibí ni las presencié”, descartando así una de las primeras conjeturas que se pueden hacer al respecto.

Para el experto, “la complejidad de estas causas es que dentro de los municipios hay toda una maquinaria, una enorme cantidad de engranajes para hacer que los delitos terminen pareciendo solo desórdenes administrativos, errores contables y esto ocurre todo Chile no solo en Ñuble”.

Complementando esto, desde el CDE, Mariella Dentone dice que “se ve mucho eso de disfrazar los delitos, esconderlos con facturas falsas, decretos de última hora, pero también hay un cierto miedo en quienes pueden ser testigos. Acá no diría que hay presión política hacia los persecutores, o al menos yo no le he visto, pero tal vez sí la haya hacia ellos, hacia quienes pueden atestiguar”.

Pero la procuradora agrega que “incluso hemos visto que hay evidencia que desaparece en plena investigación por cosas tan insólitas como un incendio”. Y aunque no da nombres, la alusión al incendio que afectó a la Municipalidad de Ránquil en 2016, y que si bien generó daños menores, justo se perdieron antecedentes claves en una investigación por delitos contables.

Para moler carne pobre

En síntesis, se han perdido miles de millones de pesos sin culpables ni presos.

Quienes suelen hacer de defensores también descartan presiones políticas, pero sí dejan entrever un sesgo hasta clasista en los persecutores. 

A juicio del abogado Rodrigo Vera Lama, “es cierto que son delitos complejos de investigar, pero no es menos cierto que la Fiscalía históricamente, y la PDI también, han evidenciado un desinterés enorme por estas causas. Prefieren abocarse a los delitos violentos”.

Más gráfico es el abogado Giovani Gotelli: “Sinceramente no he visto delitos en los municipios, sino despilfarros por culpa de cierto clientilismo político. Pero por otro lado, para qué estamos con cosas, a los fiscales no le interesan los delitos de cuello y corbata, la Reforma siempre ha sido una máquina para moler carne pobre, eso calma a la gente”.