Fiscalía pide sobreseer causa de fraude millonario en San Fabián

Como lamentable y desmoralizador tildó la exalcaldesa de San Fabián, Lorena Jardúa, la intención del fiscal Rolando Canahaute, jefe del Ministerio Público de San Carlos, de sobreseer a los imputados por un caso de fraude al fisco por más de $615 millones, que afectó al municipio por los trabajos inconclusos y aparente sobrepagos y fuga de dinero relacionados con la instalación de la red de alcantarillado para la comuna, en el año 2012.

Jardúa denunció que fue la administración de su antecesor, Cristian Fernández, quien contrató a la empresa constructora CRV, propiedad de Claudio Rivas Villalobos, luego de la licitación para esa obra, sin embargo, con menos del 30% de las obras realizadas "comenzaron a aparecer una serie de irregularidades de las que nos fuimos dando cuenta cuando yo ya era alacaldesa, como pagos y sobrepagos en casetas sanitarias, defectos, falta de ejecución de las cámaras domiciliarias, el doble pago por pavimento de calles y rellenos o excavaciones, entre otras deficiencias".

Ya como querellante, Jardúa junto a la Fiscalía de San Carlos y al Concejo de Defensa del Estado se basaron en un informe realizado por la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de San Carlos para comenzar las acciones judiciales. Sin embargo, esta causa nunca fue judicializada ni los imputados formalizados.

Tras la solicitud de sobreseimiento, a más de 6 años de iniciada la investigación prejudicial, el Juzgado de Garantía de San Carlos fijó para el 22 de junio venidero la audiencia para discutir esta petición, la que encontraría oposición en la querellante, Lorena Jardúa y en el Concejo de Defensa del Estado.

Impericias e inocencia

La historia de esta causa, reticulada con el número 14.075-76 del Juzgado de Garantía de San Carlos, nació cuando en la adminstración municipal de Fernández, quien por estar querellado en esta causa fue destituído como gobernador de Ñuble, a sólo una semana de asumir el cargo en 2014, le otorgó la licitación a CRV, pese a que la firma no acreditó mayor experiencia en el rubro, con un monto por $1.706.143.467 proveniente del Gobierno Regional (Gore).

Dentro de este proyecto figuraba el director de Obras, Cristian del Río, quien además, según se descubriera en un informe del Gore y de la Contraloría, tenía un segundo contrato como Inspector Técnico de Obras (ITO) para el mismo municipio.

Su función era la de fiscalizar las obras en terreno junto a Rivas, lo que según esa investigación no se hizo. Por otro lado, se acusó que CVR pedía estado de pagos mediante facturas ideológicamente falsas al Departamento de Obras, los que eran aprobados por Del Río, sin certificar los avances de la obra.

En este punto, Jardúa denunció que "sólo unas semanas antes de que asumiera como alcaldesa dimos cuenta que se había aprobados unos pagos a última hora para esta empresa, aprobados por Fernández".

Pese a lo anterior, para el abogado defensor Giovani Gotelli, se estaría frente a problemas técnicos y no ante delitos.

"Mi representado (Cristián del Río) es completamnte inocente, él no tiene nada que ver con los aspectos técnicos de este proyecto y acá no hay delito que perseguir, a lo más errores de impericias por parte de una empresa que fue aprobada por el mismo Gobierno Regional, pero en ningún caso delitos por parte de ninguno de los acusados".

Desde el Ministerio Público, a través de su canal de comunicaciones, informaron que las razones para solicitar el sobreseimiento se harán públicas sólo finalizada la audiencia del 22 de junio, similar situción fue la planteada por el alcalde actual de San Fabián, Claudio Almuna, quien anunció declaraciones para la misma instancia. "Sólo le puedo decir que después de que se inició esta causa, esa empresa (CVR) se esfumó del mapa".