El cuento de la cárcel

  • Por: LaDiscusion.cl
  • Fotografía: Mauricio Ulloa

A pocos días de asumir, el nuevo Gobierno confirmó que se construirá una nueva cárcel, que permitirá erradicar el actual centro penitenciario ubicado en el centro de Chillán. La afirmación hecha la semana pasada por el nuevo Ministro de Justicia, Hernán Larraín, es prácticamente la misma que en mayo de 2014 hizo el entonces titular de esa cartera, José Antonio Gómez, asumiendo que se trataba de una deuda con la ciudad que se remontaba a 2006. En aquel momento se dijo que solo faltaba definir qué terreno sería comprado para luego licitar su construcción. 

Como muchos otros anuncios, éste nunca se concretó, y es la nueva administración la que deberá que hacerse cargo de esta deuda, con el agregado que tendrá que partir de cero, pues en la reunión que sostuvieron el senador Víctor Pérez y el alcalde Sergio Zarzar con el ministro Larraín, este último les reveló que no se conocen sus características, no hay un diseño, no se sabe cuánta población penal albergará y los servicios que ofrecerá. 

En definitiva, nunca existió un proyecto concreto de nueva cárcel y lo que escuchamos de las anteriores autoridades durante cuatro años, de supuestas gestiones para adquirir aquel terreno que permitiría habilitar un moderno penal, fueron solo declaraciones efectistas que buscaban dominar la iniciativa política, pero sin la intención de realmente solucionar el problema que significa tener una cárcel al borde del colapso en pleno centro de la ciudad.  

Para la Región de Ñuble y para Chillán es fundamental contar con una cárcel moderna y accesible, no por el impacto económico y de generación de empleos que también significaría su construcción y operación, sino que por el beneficio que representa sacar el actual recinto del centro de la ciudad y brindarle a los reos, familiares, gendarmes y abogados un espacio adecuado, que permita implementar políticas de reinserción. 

Ahora, tras el ascenso de un nuevo Gobierno, las autoridades locales han vuelto a poner el tema en la agenda del nivel central, con una recepción que, aparentemente, fue positiva. Y si bien es válido dudar de la concreción de este anuncio a la luz de la triste experiencia de abandonos y olvido, en el caso de que la propuesta tome fuerza y se lleve a cabo, es necesario considerar, al menos, tres aspectos. 

En primer lugar, que se trata de un penal regional, de modo que su estándar debe ser acorde a esa nueva condición político-administrativa. En segundo lugar, sería deseable que esta vez sí exista mayor participación ciudadana en la discusión sobre la ubicación y características del proyecto, así como una actitud colaborativa de los alcaldes y las comunidades. 

Y finalmente, la ubicación debe escogerse pensando en los usuarios del recinto, es decir, los mismos reos, sus familias, los funcionarios de Gendarmería y los abogados. No se trata de personas de segunda clase, y merecen contar con buena accesibilidad y eso incluye locomoción colectiva. 

Por lo anterior, buscar terrenos a decenas de kilómetros de la ciudad es casi un exilio. Es de esperar que esta vez no sea solo un anuncio sonoro y la promesa se cumpla, pero de igual forma, que las decisiones sobre las características de la nueva cárcel se tomen de manera participativa, a partir de consensos y con una perspectiva local y regionalista.