Cargos de Gobierno

Instalar una conducción de signo político sustancialmente distinto a la saliente nunca ha sido un asunto sencillo de realizar. Lo sabe la centro-izquierda, también la derecha. A ambas les ha tocado descabezar administraciones completas, cuando se han reemplazado en el poder, a fin de ubicar a un sinnúmero de adeptos en altos cargos del aparato estatal, en cuya designación prima el factor político, pues existe la idea de que es fundamental para todo Gobierno entrante colocar a gente de su entera confianza en los lugares estratégicos de la administración del Estado, para una mejor gestión de sus políticas y proyectos.

Supuestamente, se trata de un derecho que tiene cada Gobierno que entra y que, por lo mismo, asume que todas aquellas personas que fueron designadas con anterioridad deben renunciar, evitando así que las nuevas autoridades le dediquen largo tiempo y recursos a removerlas.

Sobre esto último conviene aclarar que los procesos de remoción de autoridades son regulados y bastante simplificados, de modo que no es correcto afirmar que se prolongan excesivamente en el tiempo. 

Similar distorsión aplica para el tema de supuestas millonarias indemnizaciones. Un directivo que llegó a su cargo por Alta Dirección Pública, con tres años de permanencia, tiene una compensación que no supera los 16 millones de pesos, lo que resulta bastante razonable al considerar la categoría profesional y  remuneraciones. 

Ciertamente, representa un egoísmo ciego y negativo cuando un Gobierno saliente intenta boicotear a su sucesor dejando a sus operadores políticos instalados en aquellos cargos que resultan importantes para la gestión del Estado, pero igual de censurable y preocupante resulta la manera en que algunas nuevas autoridades incentivan la lealtad política por sobre el interés público. 

Esta situación podría corregirse si se llegara a implementar efectivamente una carrera de servicio civil, mediante la cual se dejarían los cargos del tercer nivel jerárquico u otros, en el ámbito netamente profesional y no sujeto a la influencia de las diversas coyunturas políticas.

Pero estamos muy distantes del planteamiento anterior y probablemente no exista una real voluntad para llevarlo a cabo, pues prácticamente todos los partidos ven al Estado como una “máquina” propiciadora de cargos y empleos para sus adherentes.

Se confirma así el doble estándar de nuestra clase política, que aprobó en los últimos años diversas leyes para fortalecer el sistema de Alta Dirección Pública Chile (ADP) y avanzar en más meritocracia en el Estado, pero que enfrentada a un cambio de Gobierno vuelve a ampararse en el criterio de “la confianza política” para desmantelar las instituciones. Lo hizo la Alianza en 2010, también la Nueva Mayoría en 2014 y ahora nuevamente Chile Vamos. 

La conclusión parece bastante clara: o desaparece esta práctica clientelar o desaparece la Alta Dirección Pública. Y si este último es el caso, lo más razonable y honesto sería no seguir gastando recursos en concursos que finalmente no tienen ninguna validez y le cuestan al Estado entre 9 y 18 millones de pesos. Sería realismo puro, pero un gran error.