Suministro de agua en las Termas está asegurado con vertiente regulada

Una serie de interrogantes sobre el futuro inmediato de los predios que administra la Municipalidad de Chillán en las Termas se plantearon los concejales luego de que el 13 de noviembre último la Corte Suprema acogiera el recurso de casación interpuesta por la Junta de Vigilancia del Río Diguillín (JVRD), en contra del gobierno comunal chillanejo, por la extracción de aguas desde las vertientes del sector cordillerano.

Ante la incertidumbre que proponía el nuevo escenario y buscando garantizar el normal funcionamiento del patrimonio municipal, los ediles locales manifestaron la semana pasada que la Casa Consistorial debería agotar todas las instancias judiciales que están a la mano para evitar perder el derecho al uso del vital elemento. 

Si bien todos coincidieron en que se debería continuar el camino del litigio, algunos ediles como Joseph Careaga (UDI) y Jorge Vaccaro (RN) opinaron que, desde ya, se debería ir analizando acercamientos con la JVRD para evaluar acuerdos e incluso la posibilidad de comprar el agua para que siga con vida el complejo Termas de Chillán.

La escalada de opiniones y críticas de parte de concejales oficialistas, quienes advirtieron que la municipalidad no fue proactiva al momento de resolver con anticipación el tema, fue respondida duramente por el alcalde Sergio Zarzar, quien acusó a las autoridades de estar desinformadas sobre lo que se ha hecho y está haciendo actualmente.

“A veces los concejales se pronuncian y no con un conocimiento acabado, lo que lleva a errores en las declaraciones y esos errores significan un perjuicio municipal(...)”, explicó hace unos días el jefe comunal y recordó que en el anterior concejo ya se estaba trabajando la regularización, pero debido a que el exedil Jorge Marcenaro declaró la situación de las aguas, puso en alerta a la JVRD. “Por eso yo digo, cuidado con las declaraciones”, acotó.
Explicaciones

Ante las dudas sobre la actual situación del caso, el presidente de la Comisión Termas, Víctor Sepúlveda, convocó ayer a una sesión extraordinaria del grupo de trabajo e invitó a la unidad de Jurídica del municipio y al administrador de las Termas para que explicaran el tema y mencionaran cómo se abordará la defensa del agua.

La directora jurídica, Carolina Zuleta, aclaró que son 10 los puntos desde donde el municipio está extrayendo agua y que nueve de ellos son cuestionados por la JVRD.

Pese al dictamen adverso de la justicia, la funcionaria pública aseguró que esta no le prohibe al gobierno comunal normalizar su situación de abastecimiento.

“La denuncia presentada por la junta de vigilancia fue por utilizar estas captaciones que no se encontraban autorizadas para la Municipalidad de Chillán. Ellos lo hicieron no porque sean titulares de los derechos de agua propiamente tal, sino porque es su deber de garantes y a la vez en su calidad de regantes, por eso presentaron la denuncia en la Dirección General de Aguas (DGA) respecto a estas 10 captaciones (...) El hecho de que la Corte Suprema haya fallado en contra respecto a nueve captaciones no obsta a que la Municipalidad de Chillán regularice los derechos del uso de aguas, pero ahora sí a su nombre”, comentó la abogada en la comisión realizada la mañana de hoy.

En su momento el administrador municipal de las Termas, Christian Hansen, recalcó que el proceso de regularización se está realizando tomando en cuenta el segundo transitorio del Código de Aguas, en el cual será posible apelar al uso histórico del líquido desde fines del siglo XIX.

“Con este artículo se quiere defender el uso inmemorial de las aguas desde el año 1880; eso nos permite la normativa especial a la que estamos recurriendo y haremos hincapié”, precisó el abogado.

El mensaje que dejaron los abogados a los concejales de la Comisión Termas es que no está en riesgo el suministro del complejo turístico, ya que el punto de captación que le entrega agua, denominado La Cascada, está debidamente regulado.

Gestiones futuras

El concejal del Partido Comunista (PC), Víctor Sepúlveda, pidió a la Unidad Jurídica municipal abordar el tema junto a ellos de manera más profunda y técnica, por lo que les solicitó programar reuniones a puertas cerradas, en la cual también deberá participar el jefe comunal.

“La idea es que nosotros no andemos dando opiniones al voleo, sino que tener fundamentos claros , porque si el equipo jurídico no nos entrega información qué más podremos decir”, concluyó y anunció que se programará una visita al sector de captación de aguas en conflicto.

A juicio del edil del Partido Por la Democracia (PPD), Camilo Benavente, como autoridades comunales deberán apoyar la labor de los abogados y más aún sabiendo que están siendo asesorados por expertos en temas hídricos y derechos de agua.

“Estamos en un proceso en el que debemos seguir abogando en el tema con la asesoría de primer nivel que tenemos. Nuestra responsabilidad como municipio es confiar en el trabajo externo, pero al mismo tiempo resguardando que se cumpla con el contrato y se hagan las diligencias que corresponden”, sostuvo Benavente.