Retienen subvenciones al DAEM Bulnes por bono SAE

Dinero quedará en poder de la Seremi de Educación hasta totalizar la deuda sostenida con 148 docentes En el municipio bulnensino lamentaron el fallo y buscan hipotecar bienes para mantener compromisos con funcionarios

Presentar los recursos asignados para la nueva Carrera Docente, la asignación de tramo, la subvención escolar preferencial como “legalmente inembargables”, era la última carta que tenía el municipio de Bulnes para no perder los casi 900 millones de pesos que demandan 148 profesores por concepto de deuda por el bono SAE.

El director subrogante del DAEM de Bulnes, Cristian Solís, subió con la esperanza en estos argumentos a la Corte de Apelaciones de Chillán, finalizada la audiencia solo se quedó con una frase para la prensa: “Esto es algo muy grave, es un problema muy grave en el que ahora estamos enfrascados, aquí nadie gana, todos perdemos”.

Esto porque la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de no innovar presentado por el Departamento de Jurídica de la municipalidad bulnensina y, por consiguiente, le dio el vamos a una serie de retenciones de asignaciones hasta que se completen los $920 millones para pagar a los profesores demandantes.

La causa, por consiguiente, ya se afianza en su fase de ejecución y por tratarse de un juicio de carácter ejecutivo, la resolución del tribunal de alzada es inapelable.

Esta causa -que incluso le significó al alcalde Jorge Hidalgo (hoy de vacaciones) estar algunas horas detenido en la PDI en 2017- debe seguir un complejo camino fuera de tribunales, ya que se aseguró en todo momento a los funcionarios del DAEM que se haría todo lo posible para evitar que estas retenciones les causara mayores detrimentos en sus remuneraciones.

“En eso el alcalde fue enfático y claro, y ya comenzamos a buscar maneras de asegurar esos pagos”, advirtió Solís, quien reveló que se había realizado una tasación de diversos inmuebles municipales para, mediante una hipoteca en el BancoEstado, asegurar recursos.

“Y ahí contamos con el gimnasio municipal y la cancha Yanine”, especificó.

Retenciones hasta abril
Gorky Díaz, abogado penquista que representó a los 148 docentes demandantes, explicó que tras la primera retención de $270 millones en el mes de enero “ahora cada mes la Seremi, por orden de la Corte de Apelaciones de Chillán, deberá seguir reteniendo la misma cantidad hasta que se complete el total”.

Lo anterior significa que las retenciones serán equivalentes y cercanas a esos mismos $270 millones hasta el mes de abril.

“Ahora mi trabajo consistirá en velar porque esos dineros efectivamente lleguen a donde tienen que llegar, para que por fin, y después de tantos años de espera y postergaciones, a los profesores se les pague lo que se les debe”, dijo el profesional.

Desde la municipalidad advierten que nunca fue el espíritu de la actual administración desconocer la deuda.

Es más, siempre en voz de Cristian Solís, afirman que “sabemos que es un tema delicado, que acá hay familias detrás de cada funcionarios y en fechas muy complejas como estas, sobre todo para quienes ya tienen hijos en la universidad. Pero lamentablemente no prosperó ninguna de las propuestas que les hicimos”.
Estas propuestas fueron cuatro, todas ellas presentadas entre el 11 y el 30 de agosto de 2017.

Si la primera postulaba una solución de seis pagos, siendo la última cuota para el 30 de junio de 2020, la última sugería tres pagos. El primero saldaba el 50% de la deuda a los profesores retirados y el 30% a los profesores activos: y se terminaba de pagar todo el 30 de junio de 2019.

“Los profesores consideraron que era una propuesta que se extendía por demasiado tiempo e, insisto, ya se ha esperado mucho. Por esa razón se optó por la vía judicial”, apuntó Gorky Díaz.

Curiosamente, mientras el jefe subrogante del DAEM aseguró que “ellos querían solo que se les pagara en una cuota el total de la deuda”, Gorky Díaz afirmó a LA DISCUSIÓN que “los profesores estaban abiertos a negociar y no pedían un pago al contado, porque están conscientes de que eso dejaba en una posición muy compleja al municipio, pero tampoco querían extenderlo hasta el año 2019”.

De todas formas la Seremi de Educación tiene la obligación de totalizar la deuda completa antes de poder comenzar los pagos, por lo que será retenida la última cuota en abril.

“Si ellos (los profesores) hubiese aceptado nuestra propuesta, ya se les habría efectuado un pago, pero no quisieron”, finalizó Solís.

En otros municipios
Fue en 2004 cuando se creó la Ley 19.933 que otorgaba un mejoramiento especial a los profesionales de la educación, conocido como Bono SAE, siendo el mismo Gobierno el que año tras año enviaba el dinero total a repartir a cada municipio del país.

El origen de la deuda que se arrastra con algunos profesores hoy es que “al principio se interpretaba que este bono solo le correspondía a los profesores del sistema particular subvencionado, por lo que se dejaba afuera a los municipales, sin embargo en 2016 la Corte Suprema unificó los criterios para ambos casos.

En otras palabras, dejó claro que a los municipales también les correspondía el pago”, explicó el abogado Juan Pablo Ortega, quien representa a un total de 13 profesores en contra del municipio de Chillán.

Ortega confirmó que su caso aún se tramita en tribunales y que “pediremos una nueva audiencia para fines de febrero”.

Aparte, hay otros 205 profesores que figuran en la nómina de demandantes en contra del municipio de San Nicolás, con montos que oscilan entre los tres y los cuatro millones de pesos y 190 educadores iniciaron causa en contra de la Municipalidad de Coelemu.

En total son 111 los municipios demandados por causa de la deuda del Bono SAE en el país.

De ellos, los que presentan las deudas mayores son La Granja y Talca, que tienen una demanda por $1.500 millones, mientras que Osorno por $8 mil millones. 
Por otro lado, el municipio de Chillán ya debió pagar este año la cantidad de $172 millones conforme la Corte Suprema ratificara la resolución de primera instancia hecha por la Corte de Apelaciones de Chillán.

La principal herramienta de presión con que cuentan los demandantes es que de no saldarse las deudas, una vez que la Corte de Apelaciones haya fallado, el tribunal puede dictar una orden de detención en contra del alcalde actual si es que así lo pide el abogado patrocinante de los docentes.

Un cuarto municipio ñublensino con líos por lo del bono es el de San Ignacio, cuyo alcalde, Osiel Soto, fue detenido por la PDI debido a una deuda de 56 millones de pesos por este concepto y que se arrastra desde 2013.

Tras ser liberado, el alcalde Soto lamentó el “tener que pagar por los desórdenes financieros que dejó la administración del exalcalde Wilson Olivares”.

Quien defiende a estos profesores también es el abogado Gorky Díaz, quien dijo que “eso todavía está en etapas más recientes, tal vez la próxima semana pueda haber novedades y se seguirá buscando soluciones o acuerdos entre el alcalde y la municipalidad”.

Los alcaldes han dicho que para pagar las deudas deberán utilizar los fondos destinados a obras, que por esta causa, deberán ser suspendidas.