Pugna por pozo de $290 millones que quieren destinar a Ultraestación

Gobierno comunal presentó proyecto para ocupar recursos que antes se pagaban a funcionarios para compensar daño previsional La idea es usar esos recursos para urbanizar terreno cedido por Bienes Nacionales para futuro centro cívico Trabajadores judicializarán el tema para que se aclare que los dineros les pertenecerían a ellos

Un nuevo conflicto interno se incuba al interior del municipio chillanejo entre la autoridad comunal y los funcionarios municipales. La pugna tiene raíces antiguas,  donde se mezclan reales reivindicaciones con cuestiones de orden político.

El pasado lunes la Municipalidad de Chillán anunció que pretende emprender obras de urbanización en los alrededores del paño de terreno de casi dos hectáreas que Bienes Nacionales le cedió con el fin de construir el nuevo Cesfam Ultraestación, un cuartel de Bomberos y obras de desarrollo comunitario.

La idea es que mientras se afinan y parten esos proyectos, que deben ser construidos con fondos provenientes de diversas instituciones públicas, la municipalidad prepararía el terreno desarrollando iniciativas previas como pavimento e iluminación, entre otras.

Para ello ocuparía $290 millones que provienen de un pozo que se encuentra en Remuneraciones y que originalmente había sido dispuesto para cancelar un bono que recibían los funcionarios municipales hasta el 2014.

Durante la sesión de Concejo Municipal del lunes el alcalde Sergio Zarzar comentó que se había decidido ocupar esos recursos, considerando que el uso de los fondos para bonos no está confirmado, y tal decisión podría extenderse por varios años más, siendo a juicio del municipio lo más conveniente usarlos durante este año en obras de beneficio municipal.

El alcalde presentó a consideración del Concejo básicamente una modificación presupuestaria que consiste en transferir los fondos que están “congelados” a una cuenta que permite desarrollar el proyecto “Mejoramiento de diversos espacios públicos”.

Dada la controversia existente sobre el origen y destino de los recursos, concejales solicitaron que la municipalidad derivara el tema a comisión, donde los concejales esperan requerir información antes de poder aprobar la moción, comentó el edil radical Juan López Cruz.

Manifestó que en principio no puede aceptar que se realice el cambio propuesto por la entidad municipal, puesto que por los antecedentes que posee “los recursos le pertenecen a los funcionarios”.

Destino de los recursos
La presidenta de los funcionarios municipales, Zoraya Martínez, informó que hasta agosto de 2014 los trabajadores recibían el llamado Bono 2 implementado por el Gobierno hace unos años con el fin de paliar el daño previsional ocasionado a los empleados públicos el cambio desde las cajas a las AFP.

Tras ello, este municipio y muchos otros del país cumplieron con el aumento salarial durante un par de años, hasta que Contraloría modificó su dictamen descartando el pago, lo cual derivó en que muchas comunas acataron y otras mantuvieron el beneficio.

Chillán, tras la decisión del órgano contralor, decidió paralizarlo desde agosto de 2014, pero los empleados recurrieron a tribunales con el fin de lograr que el tema fuera zanjado por la justicia.

Mientras se desarrollaba ese juicio en tribunales locales, la municipalidad apartó 290 millones de pesos con el fin de cancelarlos en la medida que tribunales fallaran a favor a los empleados y se tuviera que obligadamente traspasar esos fondos a sus cuentas.

Según los dirigentes, las cifras que percibía cada funcionario por el Bono 2 fluctuaba entre $30.000 a $150.000, dependiendo básicamente de la escala y remuneraciones.

La Corte de Apelaciones emitió un veredicto que no fue del todo favorable a los empleados municipales, y que a pesar de las dudas que generaba en ellos no fue apelado. No obstante aseguran que la municipalidad debiera pagar al menos 13 meses que van desde agosto de 2014, cuando se dejó de pagar, hasta septiembre de 2015, lo que da los 290 millones de pesos.

Zoraya Martínez agregó que el tema será nuevamente judicializado pues pretenden que se explicite que los recursos en poder del municipio son efectivamente de los trabajadores y por lo tanto deben seguir en un pozo a la espera de una resolución definitiva.

“Mientras exista la posibilidad de acceder a esos recursos vamos a usar los medios legales que existen. Por eso vamos a judicializar nuevamente el problema. Lo hemos conversado con el alcalde y no queremos que esto se transforme en un conflicto”, agrega la dirigente.

Master Ultraestación 
El proyecto contempla Sala cuna y Jardín infantil Junji, Cuartel 5ª Compañía de Bomberos, cierre perimetral y multicancha, camarines, sede del Consejo de Desarrollo Ultraestación, Laboratorio Municipal Dirección de Salud y la reposición del Cesfam Ultraestación.