Fraude en Chillán Viejo no tendría formalizados todavía

Luego que La Discusión consultara formalmente al Ministerio Público si, como lo ordenó la jueza Claudia Madsen el pasado 3 de noviembre, habrá formalizados por el caso de fraude en la Municipalidad de Chillán Viejo, en la audiencia fijada para este miércoles 6 de diciembre, la respuesta fue un escueto “ese día, en la audiencia, se va a saber. No antes”.

Y en esa respuesta reposan varias de las múltiples aristas que ha tenido esta investigación que se origina a raíz de querella presentada en mayo del 2014, por tres funcionarios municipales, quienes paradójicamente, la investigación los tiene hasta hoy dentro de los 19 imputados por la pérdida de 300 millones de pesos, en periodo de elecciones municipales, en 2012.

Una de estas aristas es la polémica interpretación del artículo 186 del Código Procesal Penal, que en estricto rigor raspalda el derecho que tiene todo ciudadano a ser informado si es objeto de alguna investigación penal, y en calidad de qué se le investiga (imputado o testigo), pero además, faculta a los tribunales de la República a exigir que, en algunas ocasiones excepcionales, a llevar a cabo esas formalizaciones.

“Y una de esas razones puede ser la que nosotros expusimos en la audiencia del 3 de noviembre, cuando le explicamos a la jueza (Claudia Madsen) que mis representados llevaban ya dos años siendo parte de una investigación sin saber en condición de qué figuraban en ella”, explicó el abogado Ricardo Robles.

Sin embargo, en la vereda opuesta, esto es el Ministerio Público, existe un instructivo emanado por quien ostentaba el cargo de fiscal nacional, Sabas Chahuan, que decía que era el propio Ministerio Público la única entidad en el país que estaba facultado para fijar plazos para establecer cuándo una causa reunía las condiciones para formalizarse.

Para el penalista Rodrigo Vera Lama, “eso es una paradoja, porque en el caso que un tribunal imponga una fecha que la Fiscalía no obedezca, se caería -en teoría- en el delito de desacato, pero ¿a quién se le debe dar la orden de abrir una causa por desacato?, al propio Ministerio Público”, advierte.

En segundo término, en un escrito confeccionado por el fiscal adjunto del Ministerio Público de Yumbel, Gonzalo Burgos (a cargo de la causa debido a que el titular de esa jurisdicción, Álvaro Serrano, está con licencia) en la que envía al Juzgado de Garantía de Chillán, la lista con los 19 imputados en la causa y se remata la misiva con el mensaje que la audiencia del 6 de diciembre “solo empece a la persona o interviniente que la ha solicitado”, esto es al abogado Robles.

Lo anterior significa que en caso que se llegara a formalizar a alguno de esos 19 imputados el próximo miércoles, solo sería a alguno de los tres representados por Robles, es decir al administrador municipal Ulises Aedo, o a Paola Araya, directora de Administración y Finanzas o María Gabriela Garrido, encargada de Control Interno. A nadie más.

Es más, Robles admite que de sus representados “solo tengo certeza que don Ulises Aedo ha sido llamado a declarar por el Ministerio Público. De mis otras dos representadas, no me consta que se les haya tomado declaración”.

Insistimos, tras dos años de investigación.

18 imputados y “un error”
Tal como lo ordenase la Jueza Madsen, la Fiscalía entregó el 13 de noviembre, la lista de los 19 imputados.

Estos son entre funcionarios y proveedores, el alcalde Felipe Aylwin; el administrador Municipal, Ulises Aedo; las funcionarias Paola Araya, María Gabriela Garrido; el abogado del Juzgado de Policía Local, Francisco Fuenzalida y a quien se le sindica como uno de los más involucrado en el sumario interno realizado por Contraloría, Andrés León Sánchez, ex jefe de Dideco.

Los otros imputados son Irma Godoy Cortés, Lya González González, María Gabriela Garrido Blu, Susana Fonseca Cartes, Ignacio Moreno Seguel, Clara Cea Candia, Marta Mardones Rivas, Germaín Parra Parra, Patricia Aguayo Bustos, Pamela Vergara Cartes y Alejandra Martínez Geldres.

Pero también figura Silvana Ríos Steckler, pero es por error, porque es su padre Jorge Ríos, el dueño de la empresa de transportes que se menciona en el sumario y que solo como razón social está a nombre de ella. “Y esto demuestra que no ha habido una investigación dedicada por parte de la Fiscalía”, criticó Vera Lama.

El abogado del alcalde
Hasta la semana pasada el abogado del alcalde Felipe Aylwin, era Paulo de la Fuente, quien sin embargo, mediante un escrito al Juzgado de Garantía certifica que en adelante, quien representará al jefe comunal será su colega Julio Díaz de Arcaya.

“No me he reunido todavía con el alcalde, por lo que no puedo adelantar nada, es más, espero tener una reunión con él y con Paulo de la Fuente para conocer un poco más la causa”, explicó el jurista.

Lo anterior basta y sobra, por ejemplo, para que se amplíe el plazo de una eventual formalización del alcalde, y por lo tanto es una garantía segura que no será formalizado el 6 de diciembre, en caso que la Fiscalía pretendiese hacerlo.

Como corolario, Díaz de Arcaya admite compartir la máxima de su colega Vera Lama, quien plantea que “no hay mejor indicador de que no va a pasar absolutamente nada con una investigación, que cuando la Fiscalía se toma un tiempo excesivo en investigar, como pasó con el caso de acarreo de votos en San Fabián. Se demoraron cuatro años en llevar el caso a juicio oral, y al final terminaron todos absueltos”.

Finalmente, mientras Díaz de Arcaya, aclara que “no sé si se cumplirá esa máxima en este caso, porque insisto en que aún no lo he estudiado”, Ricardo Robles dice “no sabemos qué puede pasar el 6 de diciembre, pero hasta podría ser que se diga que no hay mérito para seguir adelante con la causa”.