Editorial| Seguridad municipal

A la inseguridad no hay que taparla, tampoco tergiversarla ni forzarle una interpretación política que no tiene. Por el contrario, hay que darle un sustento tal que permita encarar las mejores soluciones tendientes a reducir los delitos y garantizar una convivencia social segura. 

Soluciones, por cierto, en las que las estrategias locales han ido adquiriendo protagonismo, ya sea por  iniciativas de alcance nacional que apuntan en esa dirección, como por la proactividad de los mismos gobiernos comunales. 

En el caso de Chillán, se están dando ambas situaciones. 

Primero fue el Plan Comunal de Seguridad Pública que tuvo una floja partida en 2015, debido a errores del municipio y a la compleja burocracia asociada al programa; pero al año siguiente se puso al día en la postulación de proyectos, principalmente con el arribo del asistente social, Renán Cabezas, a lo que se sumó la disponibilidad de recursos que hubo en 2016, producto de destinaciones de la oficina regional de la Subsecretaría de Prevención del Delito. 

De esta forma, hasta la fecha se han invertido cerca de 400 millones de pesos en diferentes iniciativas que han tenido un importante componente de participación ciudadana y análisis técnico. Una combinación que merece ser destacada, pues permitió hacer estudios específicos con las juntas de vecinos, la Cámara de Comercio, Carabineros, la PDI y otras instituciones que contribuyeron a definir un perfil delictivo de la ciudad y aquellos factores que inciden en la inseguridad que afecta a la comunidad local. 

De ese inédito diagnóstico participativo surgieron iniciativas como la reposición o instalación de luminarias, la implementación de alarmas comunitarias que beneficiaron a 7.400 familias, la instalación de 4 nuevas cámaras de seguridad (en 5 de Abril con Maipón, Independencia con Cocharcas, Yerbas Buenas con Bulnes y Arturo Prat con Isabel Riquelme) y la compra de equipamiento para vigilancia, como un dron, cinco vehículos y una aplicación que los vecinos podrán descargar en sus teléfonos celulares. 

Lamentablemente, el plan implementado por el Gobierno -heredero de otros con dispares resultados, como Comuna Segura y el Plan Chile Seguro de 2010- tenía fecha de término en 2017, lo que motivó al municipio a proyectar el trabajo por la vía de crear una nueva Dirección de Seguridad Comunal. 

Tal decisión descansa en la idea correcta de potenciar el rol del gobierno local y de la comunidad en mejorar los niveles de seguridad que la misma sociedad demanda.

Pero para que este esquema funcione, además de recursos y profesionales idóneos -cuestiones que ahora pasarán a ser de responsabilidad municipal- se requiere un alto involucramiento ciudadano, ya sea de manera activa, al interior de sus organizaciones vecinales exponiendo sus inquietudes, o de manera pasiva, facilitando la entrega de información para el trabajo de los funcionarios municipales y de las policías. 

Una Dirección Comunal de Seguridad gestionada solo por expertos y a partir de criterios técnicos no tendrá un verdadero valor si no identifica con certeza las preocupaciones de la comunidad a la que sirve. En los últimos dos años se ha hecho así y no hay razón para cambiar.