[Editorial] Intervencionismo

  • Por: LaDiscusion.cl
  • Fotografía: Víctor Orellana

En época de campaña electoral, más todavía cuando estamos hablando de la segunda vuelta de una elección presidencial que se ve muy reñida, resulta prácticamente inevitable que existan apoyos explícitos de las autoridades a ciertos candidatos y acusaciones de intervención electoral, que en el nivel local también involucra a los funcionarios públicos.

De hecho, en días recientes se han levantado contra el Gobierno acusaciones de intervencionismo electoral en favor del candidato oficialista, Alejandro Guillier. A nivel país, la atención se ha centrado en la misma Presidenta Michelle Bachelet, quien dos días después de la primera vuelta recibió al abanderado de la Nueva Mayoría en La Moneda y en la ministra Paula Narváez, quien ha cuestionado públicamente a Sebastián Piñera.

En Ñuble, en tanto, la crítica de la oposición se ha dirigido a la Gobernación de Ñuble y particularmente a su titular, Álvaro Miguieles. El principal vocero de la queja ha sido el senador UDI, Víctor Pérez, quien presentó una denuncia ante la Contraloría argumentando que funcionarios de servicios públicos realizan, con recursos fiscales,  una velada campaña en favor del periodista.  El parlamentario asegura que esta situación se repite en  todo el país y que su gravedad amerita una investigación muy acuciosa y con garantías de imparcialidad, lo mismo que una señal potente respecto a que este tipo de acciones no están amparadas por el gobierno central. 

Conviene recordar que, tanto el Congreso, a través de la Ley de Probidad y la Contraloría General de la República, mediante un dictamen, han procurado regular esta situación estableciendo limitaciones y ciertas conductas permitidas y prohibidas para quienes desempeñan cargos públicos. 

Atender las necesidades públicas es una tarea permanente y continua y por ello también en la ley General de Bases de la Administración del Estado se señala que el empleo público debe desempeñarse con la más estricta imparcialidad y por eso se limita la participación de los funcionarios, durante el ejercicio de sus cargos, en actividades de carácter político contingente.
Igualmente, es oportuno agregar que esas restricciones no solo tienen que ser aplicables al gobierno central y sus delegaciones regionales y provinciales, sino a las municipalidades y a los parlamentarios, que disponen de fondos para gastos que les entregan un potencial privilegio en la medida en que se usen en la contienda electoral.
Al Gobierno -que debe recordar los reclamos que hacía al respecto cuando era oposición- no se le puede pedir una prescindencia total. Es un actor político y tiene derecho a participar en el debate, como asimismo a comunicar sus logros y pretender que su tarea sea continuada por otro del mismo signo. Sin embargo, ese derecho tiene límites que están muy claros en las leyes e instructivos que procuran que los funcionarios públicos siempre antepongan el bien común por sobre aspiraciones e intereses electorales. Respetarlos es lo que se les pide.