El moderno plan de seguridad que espera a Chillán en 2018

Más cámaras, patrullas vecinales, un dron, una aplicación para celulares y una unidad de mediación vecinal Estas instancias complementarán la inversión que ha permitido la instalación de luminarias, televigilancia y alarmas

De forma paulatina, los mecanismos que ha adoptado el municipio para generar mayor seguridad en la comuna, no solo ha ido adquiriendo notoriedad y fuerza, sino que incluso en estos momentos se está gestando una metodología inédita, con más recursos, más tecnología y, por sobre todo, empoderando a los propios dirigentes vecinales de un rol preponderante en estas materias.

Si hasta hace solo unos años, había  un total de 16 cámaras de televigilancia (algunas de ellas con desperfectos y sin capacidad de grabar), para este 2018, la ciudad contará con el resultado de millonarias inversiones en la televigilancia, patrullaje municipal, formación de líderes vecinales, barrios equipados con alarmas comunitarias, un dron, una aplicación de celulares para realizar denuncias, y una unidad de mediación vecinal para intentar zanjar conflictos en el mismo barrio, antes de que éstos lleven a sus protagonistas o a tribunales o a la cárcel.

El primer paso, sin duda, lo dio el municipio al instalar nuevas y mejores cámaras, luego la creación de la Oficina Municipal de Seguridad (Omse) terminó por convertirse en la plataforma receptora de cerca de $740 millones por parte del Ministerio del Interior, gracias a los proyectos presentados por esta unidad, a través de la Subsecretaría de la Prevención del Delito.

De estos dineros, los últimos 90 millones se liberarán esta semana, una vez que la Omse le presente al Ministerio del Interior, el último proyecto que contempla la adquisición de vehículos para patrullaje municipal, el dron, la aplicación para celulares y la unidad de medicación familiar, con la proyeción que todo ya esté operativo en 2018.

Podrían ser 60 cámaras
“Yo soy pro cámaras de seguridad, las apruebo porque, si están a cargo de un equipo realmente capacitado, son una gran ayuda para la prevención del delito y un gran soporte como evidencia para la investigación de éstos. ¿Qué mejor medio de prueba que una imagen?”, plantea el mayor Claudio Saavedra, jefe de la Segunda Comisaría de Carabineros de Chillán, e integrante del Consejo de Seguridad Comunal.

Claro está que las cámaras de televigilancia que hoy están visiblemente instaladas en el centro de la ciudad, no son las mismas que había en 2011, cuando el mayor aún no llegaba a la capital de Ñuble.

En ese tiempo eran 16, pero ninguna podía grabar las imágenes de manera automática e independiente. Su alcance era de un máximo de 200 metros con un nivel de nitidez limitado. Otras, que podían captar imágenes nocturnas, solo emitían señales en blanco y negro, pero había dos eternos problemas que las hacían un instrumento de relativa utilidad.

En primer lugar, varias presentaban desperfectos técnicos casi insalvables debido a que los repuestos solo eran encargables (y a un alto costo) a Estados Unidos; y en segundo lugar, la cantidad de follaje y letreros de las casas comerciales limitaban aún más sus funciones.

“Hoy son 20 las cámaras, todas ellas de alta definición, un zoom de alto alcance, con rotación de 360 grados y además resistentes a la lluvia, pero lo más importante es que tienen una autonomía de almacenamiento de 36 horas, por lo que por todo ese lapso de tiempo, las cámaras graban todo lo que van captando”, explicó el mayor Saavedra.

De hecho, solo gracias a lo captado por las cámaras, desde la Cenco de Carabineros, se han gestado más de 350 procedimientos y con un tiempo de respuesta que promedia los dos minutos para la llegada de una patrulla al lugar.

“De acuerdo a la plataforma que hoy existe para las cámaras de televigilancia, puede haber espacio para un total de 60 cámaras y sabemos que la meta del alcalde es de instalar 48 durante lo que resta de su periodo, de ellas ya hay cuatro más que están aprobadas y se espera que sean instaladas en el centro”, adelanta Renán Cabezas, encargado de la Omse.

Un dron y una APP
La comuna de Chillán está próxima a sumarse a la de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea y Puerto Montt que cuentan con un dron de vigilancia a cargo de sus respectivas municipalidades.

Sin dudas, la aprobación de su adquisición y uso fue unánime y sin mediar resistencia de por medio, ya que todas las dudas que pudiera haber respecto a su uso responsable y efectividad ya han sido superadas gracias a la experiencia observada en las comunas pioneras.

Es por esto que, lo único que se advirtió -casi como apercibimiento- por parte del alcalde Sergio Zarzar fue que “este dron deberá sobrevolar solamente en espacios públicos y enfocar solo espacios públicos y acotados”, salvando así cualquier resquemor por la violación a la intimidad.

Quienes operen el dron, que tendrá un costo de $8 millones, deberá ser personal capacitado por la Dirección General de Aeronáutica y, hasta el momento, se prevé que sus sobrevuelos estén sobre las plazas del centro, el casco comercial de la ciudad, las canchas del fútbol amateur, el estadio municipal Nelson Oyarzún y sectores residenciales como los de Martín Ruiz de Gamboa, Quilamapu y otros aún por definir.

La subprefecto de la PDI, Carolina Zúñiga, jefe de la Brigada de Investigación Criminal, cita los operativos y detenciones, incluso de bandas de traficantes en Las Condes para sostener que “creo que el uso de este dron puede prestar esas mismas utilidades, si ha funcionado en otras comunas donde a pesar de la mayor cantidad de edificios y construcciones en altura que existen, en Chillán donde las edificaciones son menores, generalmente casas de uno o dos pisos, puede ser muy útil, por ejemplo, para captar cuando se esté vendiendo drogas en la vía pública”.

Este proyecto va acompañado de la creación de una aplicación para Smartphones y Iphones, exclusiva para Chillán, llamada el “Botón de Denuncia”, que podrá ser descargado por 50 mil usuarios.

Con esta aplicación, las personas podrán enviar una foto o un video de alguna incivilidad, como la presencia de microbasurales, autos mal estacionados, calles en mal estado, semáforos apagados, o bien, delitos en comisión, como robos o violencia intrafamiliar y enviarlos junto a un texto con la dirección y alguna descripción del hecho, los que llegarán a personal municipal quienes de inmediato derivarán la denuncia a los inspectores motorizados o a las policías, según lo denunciado.

“Una de las claves de estos proyectos de seguridad comunal es la participación activa de la comunidad, por eso se han generado las escuelas de formación de líderes y que han dado excelentes resultados, porque los dirigentes vecinales han asumido una participación activa, no solo denunciando, sino que ayudando a la prevención, organizando a las personas y presentando proyectos de seguridad”, comentó Cabezas.

Gestores municipalizados
El alcalde Zarzar al referirse a la adquisición de cinco nuevos vehículos para un proyecto de patrullaje municipal, tiende a destacar con mayúsculas que “estas patrullas no están acá para hacer el trabajo de las policías”.

El interés por no confundir a los chillanejos en este punto derivó en el uso de la semántica, como por ejemplo, llamarle “polígonos” al área asignada a cada uno de los cuatro sedán, y que de hecho son similares a los límites diseñados para los cuadrantes de Carabineros.

El otro concepto es el de “gestor municipal” como se le llamará a los ocupantes de estos vehículos y que, conforme a lo planificado, tendrán la misión de recorrer sus polígonos para notificar incivilidades y recoger denuncias vecinales.

Estas denununcias pueden dar un paso más y si se trata de problemas entre vecinos, acudir a la unidad de Mediación Vecinal, compuesta por un abogado y asistentes sociales, quienes intentarán encontrar una solución ajustada a Derecho para evitar que ese lío derive en citaciones al Juzgado de Policía Local, o incluso a tribunales penales.

“Conversé con Ignació Marín (juez de Policía Local) y en efecto, me confirmó que sería una muy buena iniciativa, considerando que una gran cantidad de infracciones que se cursan debido al desconocimiento de las leyes, del derecho y de los deberes de cada persona, entonces acá la idea es que logren acuerdos sin llegar a estas instancias”, apuntó el concejal Patricio Huepe, quien espera la respuesta a este programa para el 30 de septiembre.

El balance de todo lo realizado debería hacerse para mayo del  2018, fecha en que se cumplirá un año desde que se comenzó a trabajar en los proyectos y que tienen una vigencia de dos años.