“Un niño no puede salir esposado de su colegio”

Expertos en educación y persecución de drogas se refieren a la realidad local tras suicidio de menor de Santiago detenido con 70 gramos de marihuana Consumo de drogas entre escolares de Chillán aumentó un 110% desde el año 2011

Tras la conmoción nacional que dejó el suicidio de un alumno de la Alianza Francesa, de Santiago, quien fue detenido por la PDI en su propio establecimiento luego que le encontraran 70 gramos de marihuana, comenzó un debate marcado por las críticas al proceder del colegio ante esta situación.

Pese a que en el establecimiento se escudan en que aplicaron la ley, que los obliga a denunciar estos ilícitos en menos de 24 horas, las objeciones que les hacen apuntan a que no se dio aviso primero a los padres, y es así que se desnuda que los establecimientos no cuentan con un protocolo de procedimientos ante estos casos, definido y claro.

En Chillán, donde solo ha habido tres denuncias de esta naturaleza en los últimos tres años, el Senda Previene, a cargo del trabajador social Bernardo Pastén, ha instado a los establecimientos a adoptar un protocolo estándar preparado por el Gobierno y que entrega pautas que van de lo preventivo hasta la forma y prelación de la denuncia respecto a padres y policías.

“Es cierto, no hay un protocolo formal que rija para todos los colegios, liceos y escuelas, por eso muchas veces quedan a criterio de los directores o profesores, por eso queremos hacer llegar estos métodos a todos”, dice Pastén, quien en su calidad de experto en el fenómeno de consumo de drogas y alcohol en menores de la comuna, apunta que “sé que el Ministerio Público ha recibido tres denuncias en los últimos años, pero es imposible que sean tan pocos los casos reales, hay más de 128 establecimientos en Chillán”.

Más allá de lo probabilístico, en el Senda también cuentan con estudios que demuestran que el consumo de marihuana y pasta base entre la población escolar de la comuna aumentó en un 110% desde el 2011. Y un 152% desde el 2001, año en que comenzó a hacerse el estudio.

“El punto es que me consta que ha habido casos en que los profesores han hablado con los apoderados, incluso ellos mismos les dicen que autorizan a sus hijos a fumar marihuana, pero en el colegio se ha optado solo por pedirles que eviten que el niño la traiga al colegio y dan por cerrado el tema sin avisar a las policías”.

Pese a lo anterior, es el propio Hernán Álvarez, jefe de la Dirección Provincial de Educación (Deproe), quien no ve con buenos ojos que se establezca un protocolo estructurado de denuncia.

“No me parece, porque sé que en los colegios de Ñuble existe el criterio suficiente como para manejar cada situación de forma administrativa, no digo que no se deba denunciar a la policía, sino que cada colegio sabe cómo tiene que proceder en cada caso, ya que no todas las historias son iguales en sus formas ni en sus modos”.

En lo que sí coinciden ambos expertos es en que “de ningún modo se debió haber permitido a la PDI ingresar al establecimiento a detener al menor, no nos olvidemos que se trata de un adolescente y el menoscabo que debió sentir tuvo las consecuencias que todos estamos lamentando hoy”, opinó Álvarez.

Pastén, por su lado, admite que “los colegios tienen todo el derecho del mundo a adoptar todas las formas de disuación o de ejemplificar que les parezca, pero no pueden saltarse el que se trata de niños, no de personas con un criterio formado. Personalmente, si yo como director de un colegio recibo a un alumno, entiendo que son sus padres o apoderados quienes me están confiando la misión de educar al alumno, entonces es a ellos a quienes debo avisar primero sobre lo ocurrido”.

Los casos en Chillán
De los tres casos que se denunciaron en Chillán, dos fueron en establecimientos de educación superior y el otro fue el bullado caso del Colegio Concepción, en donde tras una investigación realizada por el OS7, se determinó que una alumna distribuía pequeñas cantidades de marihuana en el establecimiento.

En el colegio optaron por expulsarla, decisión que fue resistida por los padres de la menor, quienes incluso acudieron a la Corte de Apelaciones con un recurso de amparo ante la medida, pero el Tribunal de Alzada le dio la razón al colegio.

Desde lo penal no se pudo hacer nada, puesto que se trata de una alumna menor de 16 años.

“Y si bien la ley de responsabilidad penal establece los 14 años para que una persona sea imputable, esto solo es válido para delitos o simples delitos, pero no para faltas, y por la cantidad que se le encontró a la menor, solo se estaba ante una falta, y en ese caso solo se puede pedir que intervenga el Tribunal de Familia o las instituciones de gobierno correspondientes”, aclaró el fiscal Álex Montecinos, experto en investigaciones de drogas.

Sobre los otros dos casos, el persecutor agregó que “no hubo elementos suficientes para continuar la investigación. Realmente, este tipo de casos son muy complejos de seguir ya que casi nunca hay testigos ni se encuentra la droga”.

Una vez más se apunta al protocolo. Bernardo Pastén detalla que “si un profesor encuentra a un alumno con un pito de marihuana, él no se lo puede quitar, a lo más le puede pedir que lo guarde en una bolsa hasta que llegue su apoderado o la policía. Si el alumno lo bota o lo hace desaparecer y niega las acusaciones, lamentablemente es un riesgo que se debe correr”.