Proyecto de Ley de Aborto

Mario Arzola Acuña

Constructor Civil Pontificia Universidad Católica de Chile Ingeniero Constructor, Universidad Tecnológica Metropolitana.


La Presidenta de la República Sra. Michelle Bachelet, refiriéndose  al rechazo por la  Cámara de Diputados  en  primer trámite del proyecto de ley del aborto en tres causales,  planteó que “hay temas donde no es factible llegar a acuerdo porque sencillamente hay una mirada o desde la ideología o desde la religión”. Recientemente ante el despacho final del proyecto por el Senado, y aludiendo al próximo trámite que debe seguir antes de su promulgación, ha expresado “confío que el Tribunal Constitucional acoja la voz de la mayoría”. 

En ambas afirmaciones podemos encontrar una orientación inadecuada o impropia.

Asignarle validez a la primera de ellas significaría darle al  asunto una connotación parcial y simplista, en circunstancias que la discusión sobre una materia de esta índole trasciende a una mirada ideológica o desde la religión. Se trata de un asunto que tiene directa relación con el reconocimiento y el respeto del derecho intrínseco a la vida, particularmente en este caso de un ser tan indefenso como lo es quien está por nacer y que desde la concepción  constituye un ser distinto y distinguible completamente de su padre y de su madre; es decir, sujeto de sus propios derechos. 

La Constitución Política de la República junto con asegurar el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, ordenó: “La ley protege la vida del que está por  nacer”. Es decir, para nuestra Carta Fundamental el que está por nacer es persona y por lo tanto goza de derechos fundamentales para todo el ordenamiento jurídico.

En ese mismo sentido la jurisprudencia de nuestros tribunales también se ha pronunciado en torno a la protección de la “persona” que está por nacer, en cuanto sujeto de derecho, en forma congruente con la norma constitucional. Así ha señalado, “el que está por nacer cualquiera sea la etapa de su desarrollo pre natal, pues la norma constitucional no distingue, tiene derecho a la vida, es decir, tiene derecho a nacer y a constituirse en persona con todos los atributos que el ordenamiento jurídico le reconoce, sin que a su respecto opere ninguna discriminación”.

La Convención Internacional de los Derechos del Niño, tratado internacional que refuerza la preocupación y protección por los Derechos Humanos de todos los niños, sin distinción, vigente en nuestro país hace 25 años, se refiere al asunto en términos similares a lo ya expresado, y al efecto establece  ”Los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención”.

En este orden de ideas, cualquier iniciativa legal que vaya en sentido contrario a la protección que debe otorgar el Estado al derecho a la vida y al reconocimiento que todo ser humano tiene como persona jurídica, debería ser considerada inconstitucional; además, cuando ello afecte a niños que están por nacer, significaría una flagrante vulneración de normas internacionales a las que el Estado de Chile se comprometió respetar.

Ante la segunda afirmación de la Mandataria, solo cabría señalar que las materias sujetas a conocimiento de cualquier tribunal, como sería en este caso el Tribunal Constitucional, deberían resolverse conforme a derecho y según el ordenamiento jurídico vigente, y en ningún caso las decisiones podrían estar supeditadas al arbitrio de la voz de una eventual mayoría que se manifieste en uno o en otro sentido.

En democracia rige el Estado de Derecho y las instituciones deberían funcionar acorde con ese ordenamiento, y por tal razón  en este caso, el Tribunal Constitucional debería rechazar la iniciativa porque existen razones fundadas para proceder de esa forma.