Deudas por bono SAE

La orden de detención en contra del alcalde de Bulnes, Jorge Hidalgo, por una demanda originada en deudas del bono de la Subvención Adicional Especial (SAE) a profesores, podría ser la primera de varias otras en Ñuble, pues hay al menos siete jefes comunales que se encuentran en similar situación. 

Este bono con cargo a la SAE fue establecido en 2006 exclusivamente para mejorar las remuneraciones de los profesores, con una parte que se debía pagar mensualmente (en la planilla) y otra en diciembre de cada año, que repartía el excedente entre profesores que tienen contrato. El problema, según los maestros, es que la mayoría de los municipios no habría realizado tales pagos. El Colegio de Profesores ha estimado que eran aproximadamente 50 mil mensuales por cada profesor, algo así como 2 millones acumulados por docente. 

En la otra vereda, la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) argumenta que tal bono habría sido pagado de acuerdo al instructivo del Ministerio de Educación, aunque en muchos casos no explicitado en las liquidaciones de los docentes, error solo burocrático que daría pie a las demandas que se multiplican por el país y que de ser favorables a sus titulares le significarían a los 110 municipios comprometidos un desembolso que, en total, ascendería a más de 500 mil millones de pesos. 

La bipolaridad en las interpretaciones de ambos actores sugeriría entonces que un tercero imparcial, en este caso la justicia, dirimiera quién tiene la razón. Sin embargo, los tribunales han resuelto de manera diferente sobre este tema. De hecho, en Ñuble hay demandas en contra de municipios que llegaron hasta la Corte Suprema y no prosperaron (Quillón) y otras que sí, como Chillán, Coelemu y Bulnes. Las primeras fueron falladas antes de 2015 y las segundas durante los dos últimos años, lo que revela que hubo un cambio de criterio entre los ministros del máximo tribunal del país. 

Ante tal escenario lo deseable sería la unificación de criterios, pero como la normativa parece no ser lo suficientemente clara, se requiere de una disposición adicional que fije un criterio definitivo -una ley corta ha planteado la AchM- y terminar así con la espada de Damocles que muchos alcaldes tienen sobre sus cabezas. 

Sea cual sea la fórmula, la responsabilidad es de los poderes Ejecutivo y Legislativo. El primero tiene la iniciativa de ley y el segundo la misión de discutirla, enriquecerla y aprobarla; sin embargo, será difícil que ello ocurra en un año electoral como éste, donde cualquier tensión con un gremio tan poderoso como los profesores puede transformarse en un problema político mayor. 

Si tomamos como referencia los casos conocidos en Ñuble, es posible concluir que hay municipios donde efectivamente los recursos del bono SAE fueron destinados a otros fines y deben ser pagados a los profesores, como también que hay un importante número de maestros a los que sí se les pagó y hoy intenta capitalizar mañosamente a su favor esta disparidad de interpretaciones por parte de la justicia. 

Cualquier desenlace sobre este complejo tema, por la vía legal o administrativa, debe garantizar una reparación a los docentes que realmente lo merecen y, por otra parte, evitar una escalada de acciones judiciales en contra de municipios y sus alcaldes, muchos de los cuales están dando la cara por lo que hicieron o dejaron de hacer sus antecesores. Se requiere una solución justa y virtuosa. ¿Será mucho pedir?