Contraloría abrió juicio de Cuentas en el municipio de Chillán

10 millones habría costado el Día de la Mujer en hotel municipal. Además Contraloría objeta manual de procedimientos para pagos municipales.

Tres altos funcionarios municipales de Chillán se exponen a sanciones de parte de Contraloría por ser los responsables de haber firmado los documentos de pago de una actividad realizada durante el año pasado para conmemorar el Día de la Mujer en las Termas.

La entidad contralora confirmó la semana pasada que abrió un juicio de Cuentas a través de la cual impugna la realización de la referida actividad y además de ello el pago correspondiente que demandó al municipio un desembolso de unos $10 millones.

El evento fue ejecutado en el hotel municipal concesionado, con el fin de agasajar a las mujeres de la ciudad, pero tuvo como destino a solamente un grupo reducido de dirigentas seleccionadas por la alcaldía.

Tras conocer el hecho, la entidad regional determinó que la jornada de esparcimiento no se ajustaba a las normas legales por lo que el pago sería improcedente, obligando a su restitución.

El tema salió al ruedo durante el Concejo Municipal de ayer, luego de que la concejala Nadia Kaik consultara por la eventual suspensión de varias actividades municipales que eran realizadas normalmente por el ente local, como el Día del Niño.

Ricardo Vallejos, administrador municipal, confirmó que la Contraloría abrió juicio de cuentas contra él, el contralor interno Wenceslao Vásquez y la jefa de Administración y Finanzas Susana Baeza.

El alcalde, Sergio Zarzar, mencionó que Contraloría habría tenido en este caso un cambio de criterio, pues este tipo de actividades se realizaban en esta y otras municipalidades del país en similares condiciones.

El concejal, Camilo Benavente, queriendo encontrar la explicación del cambio de visión, planteó que todo pudo partir del sesgo del eventual denunciante quien alertó sobre una actividad de un tipo muy acotada y en pleno año electoral.

Se supone que el Juicio de Cuentas tendría un plazo de ejecución de unos ocho meses durante los cuales los funcionarios afectados deberán acreditar que actuaron de manera legal. Posteriormente incluso el caso podría ser conocido por tribunales dependiendo del veredicto de la entidad regional.