[Editorial] Inventario de promesas

  • Por: LaDiscusion.cl
  • Fotografía: Mauricio Ulloa

En toda campaña electoral, sobre todo en las de cargos ejecutivos (Presidencial y Municipales) se dicen cosas que no se podrán cumplir. Eso no es bueno, pero tampoco nuevo. Sin embargo, reconocer este hecho no equivale a restarle gravedad. Una parte de la distancia entre la gente y la política tiene aquí su explicación. Por eso, una de las más urgentes exigencias de nuestra cuestionada democracia es mejorar la capacidad de cumplir, de traducir programas en realidad. 

En Ñuble el inventario es abultado y crece paulatinamente. Hay casos emblemáticos como el Parque Schleyer que tiene casi 90 años desde que el benefactor Juan Schleyer entregara 9 hectáreas a la ciudad para su concreción. Medio siglo de espera también completan los pasos fronterizos que prometen unirnos con Argentina y el embalse Chillán, que en algún momento -y no por casualidad- se llamó La Esperanza. Más cerca en el tiempo, pero igual con una mora cercana a los 30 años, encontramos el traslado de la cárcel de Chillán, hoy ubicada en pleno centro de la ciudad.  Y si rebajáramos el umbral, aparecerían muchas otras iniciativas de progreso, como obras viales, parques urbanos y restauración de edificios patrimoniales, solo por dar algunos ejemplos. 

Mientras las elecciones se ganen con votos y estos se movilicen más invocando sueños de transformación que explicitando los insoslayables límites y gradualismos propios de la acción gubernativa -adscrita a períodos que se limitan a escasos cuatro años- casi siempre las promesas excederán la posibilidad de cumplirlas, y listados como el aquí expuesto seguirán abultándose y frustrando a los ciudadanos. 

No obstante, al examinar esas eternas promesas ocurre que en no pocas ocasiones la incapacidad de cumplir no se explica por falta de voluntad de quien las hizo, sino por debilidades de la maquinaria estatal, ya sea por excesivo centralismo, la cooptación de los partidos y la carencia de instancias eficaces de coordinación transversal. 

El gran problema es que a nadie parece interesarle cambiar esta realidad y menos transformarla en prioridad. Reformar el Estado es un asunto complejo, potencialmente conflictivo para cualquier Gobierno, incluso para éste, que ha pretendido mantener una impronta reformista. 

Resulta imperativo, entonces, exigirles a quienes aspiran a gobernar el país la presentación de propuestas para modernizar el Estado chileno, independiente del costo-beneficio político que, generalmente, suele ser negativo para los candidatos, sobre todo aquellos que intentan nunca quedar mal con nadie, en este caso los poderosos gremios de los empleados públicos. 

Tomar en serio el debate sobre el rol del Estado en la sociedad chilena y reimpulsar la agenda de modernización para todas las instituciones públicas, incluyendo los sistemas de contratación y evaluación de funcionarios, ayudaría enormemente a recuperar la extraviada confianza de la ciudadanía en el sector público y sus autoridades y marcaría la diferencia entre candidaturas que son más de lo mismo y aquellas que tienen una sincera vocación de aportar al país y trascender.