Accidentes laborales

Si en 2015 se registraron tres muertes por accidentes laborales en Ñuble, el año pasado la cifra se cuadruplicó, en tanto, solo en lo que va del presente año han ocurrido cinco decesos, excluyendo a aquellos vinculados a accidentes de tránsito en la locomoción colectiva.

Las muertes, por sí solas, son lamentables, no solo por la tragedia que las envolvió, sino por el impacto que éstas tienen en las familias de los trabajadores, que usualmente perciben salarios bajos y no siempre cuentan con empleos formales que brinden protección social.

Pero además, el aumento de estas cifras es un llamado a volcar la mirada hacia una materia que rara vez es objeto de debate en la agenda pública, que debe preocupar a autoridades y expertos de manera de identificar los factores de este fenómeno, que podría ser una alarmante tendencia.

Este aumento revela un fenómeno que apunta a trabajos principalmente rurales, que en Ñuble corresponden principalmente a los rubros forestal y agropecuario, desempeñados por personas que no siempre tienen la experiencia suficiente para realizar labores de riesgo, o bien se trata de empleos informales, en los que no hay seguros asociados y tampoco políticas de prevención.

Se agregan a este cóctel micro y pequeñas empresas, encabezadas por emprendedores con escasa formación profesional, que han ido adquiriendo su experiencia a pulso y que son reacios a introducir una cultura de la seguridad al interior de sus equipos, por falta de interés o porque sencillamente representan una inversión muy alta en relación a sus márgenes.

Lo anterior lleva a reflexionar sobre la calidad de los empleos rurales de Ñuble y sobre las consecuencias del aumento del desempleo en la zona, que muchas veces fuerzan a personas con escasa preparación a desempeñarse en faenas que requieren ciertas destrezas y capacitación, como la operación de maquinaria pesada. En este ámbito es cuando las cifras agregadas, que apenas advierten el aumento del desempleo local, esconden fenómenos mucho más complejos, como el alza de los empleos por cuenta propia, de la informalidad y del subempleo, procesos a los que el Gobierno les intenta bajar el perfil y que son resultado del estancamiento de la economía. 

Pero más allá de pedir una preocupación especial del Gobierno por las cifras de desocupación, tanto las evidentes como las disfrazadas, también es clave que la autoridad cumpla efectivamente con su rol fiscalizador en materia de formalidad y seguridad, pues la presencia de un inspector probablemente hubiese salvado alguna de las veinte víctimas fatales que se han debido lamentar en la provincia desde 2015 a la fecha.

Para nadie es un misterio la débil capacidad fiscalizadora del Estado en materia de seguridad laboral, lo que en sí mismo es un aliciente para que tanto trabajadores como empresarios persistan en conductas de riesgo y en un desprecio absoluto por las normas y la legislación.

Apoyar a las mipymes en áreas como la producción y comercialización es tan importante como prestarles asesoría y brindarles incentivos que contribuyan a mejorar sus estándares en materia de seguridad y salud ocupacional, porque bien saben empresarios, autoridades y expertos que los trabajadores son, sin lugar a dudas, el principal activo de la economía.