La realidad de la agresión a profesores en Ñuble

Hoy un profesor no puede sacar de la sala a un alumno que no se comporta, mucho menos levantarle la voz y ni pensar en levantarle la mano. Los docentes agresores arriesgan penas del infierno, demandas de apoderados, expulsión del establecimiento y el escarnio público.

¿Qué pasa, sin embargo, cuando el profesor es el agredido? Desde el Colegio de Profesores, dicen, pasa bien poco. La razón, mientras en el primer caso los reglamentos internos juegan a favor del alumno, en el caso de los docentes, se encuentran en la “orfandad misma”. 

Así lo cree la presidenta provincial del Colegio de Profesores, Brígida Hormazábal, para quien “todos los colegios tienen un manual de convivencia, un reglamento interno y protocolos definidos, pero inicialmente iban en dirección a normar las agresiones hacia el niño, el gremio nunca se puso en la alternativa de ¿qué pasa si el agredido es un profesor?”, cuestiona.

De acuerdo a un informe solicitado por LA DISCUSIÓN vía Transparencia, en tres años 11 denuncias por agresiones de alumnos y apoderados en contra de profesores en establecimientos de la provincia de Ñuble han sido presentadas a la Superintendencia de Educación (Ver tabla). 

Para el magisterio, la cifra, aunque importante, no refleja todos los casos, puesto que no existen garantías para denunciar. 

“No se tiene el apoyo de los pares, nadie quiere meterse en problemas y los directores menos, porque saben que debe estar a favor del apoderado o el niño, entonces el profesor está totalmente desprotegido”, señala Hormazábal.

La dirigenta provincial del magisterio explica que “conversamos con la superintendencia, hicimos un llamado a todas las comunidades educativas, de colocar en los manuales de convivencia las agresiones en las mismas categorías contra los profesores, porque cuando tu llevas un caso a la superintendencia, piden el manual de convivencia del establecimiento y si no aparece no lo pueden tomar, así de simple, queda impune”, explica.

Ley en lugar de reglamento
César Riquelme, director del Colegio Concepción Chillán, afirma que algo tan grave como la agresión a un profesor sea visto solamente a partir de la reglamentación interna. 

“Yo denuncié la agresión verbal contra un funcionario el año pasado y la respuesta de la superintendencia fue ¿cuál es el protocolo que aplicó el colegio?, nosotros consideramos sanciones para los apoderados que van desde la amonestación verbal, amonestación escrita, pérdida de la calidad de apoderado y la prohibición de ingreso al colegio, sin embargo, como opinión personal, creo que aun así hay un vacío en la normativa porque iría más allá, yo propondría una ley contra la violencia a los funcionarios de la educación”, aclara.

Riquelme enfatiza que “el tema es gravísimo, me llegan casos de diferentes partes, como el acoso sexual a profesoras, un tema que se esconde absolutamente en los establecimientos. En Concepción una profesora fue manoseada por los alumnos, había sido acosada verbalmente, pero el colegio no hizo nada, fue personalmente a la Superintendencia de Educación en Concepción y ahí dijeron, se respetó el protocolo y punto”, señaló.

Denuncias
A juicio del jefe del Departamento Provincial de Educación, Hernán Álvarez, los casos de agresiones contra profesores deben estar explicitadas en el reglamento interno de cada establecimiento. “La convivencia escolar abarca a todos, en consecuencia no puede quedarse ningún tema sin tratar en la comunidad, en la elaboración del reglamento interno de funcionamiento y eso ubica a todos, relación alumnos-profesores, profesores-dirección, dirección-asistentes, eso se llama un proyecto educativo integral”. Aclaró que “la formación de un profesor involucra todos esos aspectos, no es que cambien las conductas, lo que cambia es el método para enfrentarlo, uno de los métodos es la denuncia, si un profesor no es capaz denunciar estamos en un sistema enfermo y eso significa que ese profesor no debiera estar educando”, declaró.