PDA: lenta ejecución de medidas torpedean el texto

Considerando el actual 2017, Chillán y Chillán Viejo ya suman cuatro años consecutivos de restricción al consumo de leña para la calefacción durante los días decretados como críticos por material particulado fino 2,5 (MP2,5), compuesto tóxico contenido en los desechos emitidos por las chimeneas domiciliarias.

Los dos primeros años fueron el 2014 y 2015, cuando el Gobierno estableció un inédito decreto de Alerta Sanitaria Ambiental en la intercomuna de Ñuble y otras ocho Zonas Saturadas del país (Talca, Curicó, Los Ángeles, el Gran Concepción, Temuco-Padre Las Casas, Valdivia, Osorno y Coyhaique), con el objetivo de evitar los altos niveles de contaminación que se constataban en el ambiente respirable, calificados como peligrosos para la salud de sus habitantes.

La finalidad del Ejecutivo era entregar una herramienta preventiva y mitigadora de la saturación a las comunas complicadas por el humo de leña, mientras se preparaba un Plan de Descontaminación Atmosférico (PDA) para cada una de ellas.

El decreto estableció prohibiciones al empleo de chimeneas tradicionales abiertas durante episodios de Preemergencias en Chillán y Chillán Viejo, es decir cuando la polución oscilaba en el rango de los 110 y 169 microgramos por metro cúbico (ug/m3) de MP2,5 y restricción total al uso de cualquier calefactor que necesite combustible en base a dendroenergéticos (producida por la combustión de leña, carbón vegetal, pelets, briquetas y derivados vegetales) entre las 18.00 y 00.00 horas, cuando se alcanzaba la Emergencia Ambiental, luego de superarse los 170 ug/m3 de MP2,5.

Pese a que entonces la Secretaría Regional del Ministerio de Salud, a través de la  Delegación Provincial de Ñuble, programó jornadas de fiscalización en terreno para verificar el cumplimiento de la medida de excepción, el trabajo solo se limitó a educar a la comunidad.

Los sumarios sanitarios impuestos a los vecinos infractores de la Alerta Sanitaria fueron 125; no obstante, ninguno de ellos concluyó en sanciones monetarias y tampoco hubo éxito en aminorar la contaminación a causa del popular combustible.

La resolución ambiental dio paso al PDA intercomunal, el cual entró en vigencia el 28 de marzo del 2016 y actualmente está cumpliendo el segundo de los 10 años que deberá implementarse.

El documento incluye medidas restrictivas al consumo de leña cuando la Intendencia Regional del Bío Bío proyecte un episodio crítico por MP2,5 (Alerta, Preemergencia y Emergencia), además de programas de Gobierno de tipo preventivos como el recambio de calefactores y la aislación térmica de viviendas.

Si bien con el texto se pretende disminuir un 59% la saturación por MP2,5 del territorio local al año 2026, la benigna labor fiscalizadora y la lentitud en la forma de abordarse las políticas multiministeriales están torpedeando el texto guía.

Compromiso ciudadano vs fiscalización

Desde el pasado 5 de mayo, un total de 13 episodios extremos por humo de leña ha decretado la autoridad regional.

Cinco Alertas, cinco Preemergencias y tres Emergencias se anunciaron hasta el viernes último, estados de calidad del aire que, de acuerdo a lo mandatado por el PDA, obliga a la Autoridad Sanitaria de Ñuble a fiscalizar que no se infrinjan las restricciones a la combustión de biomasa.

A pesar de que estas jornadas pronosticadas por el Ejecutivo como de alta polución en rigor debieron servir para que los vecinos de Chillán y Chillán Viejo adopten acciones que impidan la emisión excesiva de contaminantes (en etapas de Alerta y Preemergencia) o derechamente no enciendan sus estufas (en Emergencia), las restricciones no fueron suficientes para evitar la generación de elevados índices de contaminación.

De hecho los días que se preveían como los más extremos a causa del MP2,5 (20 y 23 de mayo) la real saturación alcanzó niveles de Emergencia y aire Regular según registró el monitor de la estación Purén, justamente en días que estaba prohibido el funcionamiento de aparatos a leña.

De acuerdo al último balance del 2017 entregado por la Seremi de Salud, 31.420 patrullajes a chimeneas residenciales se han completado durante los días de fiscalización, actividad que en rigor se resume a una inspección visual que realizan los funcionarios de la repartición pública al recorrer las calles de la intercomuna.

Esta labor finalizó con 293 viviendas inspeccionadas de manera directa y el inicio de 51 sumarios ambientales, que son solo notificaciones de tipo informativa que no terminaron en multa.

Lo mismo ocurrió el 2016, cuando se sumarió a 233 propietarios de viviendas por infringir las prohibiciones al PDA y tampoco se sancionó monetariamente a nadie pese a que el texto ambiental entrega atribuciones para hacerlo.

En el artículo 67 del documento detalla: “...la fiscalización y sanción en caso de incumplimiento (de las medidas de prevención y mitigación) corresponderá a la Secretararía Regional del Ministerio de Salud...”

Los propios funcionarios ñublensinos que cumplen su trabajo en terreno admiten que los lineamientos dispuestos por el despacho aún apuntan a lo didáctico-formativo.

Lentitud en políticas

Solo 228 estufas ha entregado la Seremi de Medio Ambiente en el contexto del programa de recambio considerado en el PDA, representando el 1.1% de la meta autoimpuesta por el Ejecutivo, que es reemplazar 20 mil aparatos antiguos por un número igual de equipos modernos en 10 años.

Algo parecido ocurre con la política de mejoramiento térmico de viviendas que busca mejorar 20 mil propiedades. No obstante a que el 2016 la Seremi de Vivienda y Urbanismo otorgó 1.149 subsidios, aún no se concreta la ejecución del beneficio; es más, actualmente 300 casas están siendo intervenidas y la eficiencia en la conservación del calor que promete no servirá para analizar su impacto mitigador en la emisión de material particulado, ya que su ocupación se daría en pleno invierno, al menos dos meses después de haberse desatado la contaminación.

En rigor, las medidas estructurales del texto ambiental no serán determinantes en la atenuación de la contaminación cumplido el segundo año de vigencia, de modo que la restricción del uso de leña domiciliaria en días decretados como críticos, está llamada a ser la herramienta más importante a la que puede echar mano el Ejecutivo.

Responsabilidad

A juicio de la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Chillán, Cecilia Henríquez, las medidas preventivas del PDA, definidas por el Gobierno como ejes de acción, han sido irrelevantes y poco accesibles para los sectores de menores recursos.

“Para la mayoría de vecinos no ha sido tan positivo los programas que se han puesto en marcha; está la sensación de que no están a la mano. Por ejemplo el año pasado muchos postularon y son pocos los que salieron favorecidos; otra de las cosas es que no sabemos si es que la lista que quedó de la postulación anterior será la válida para el próximo concurso”, sostiene.

La dirigenta social es categórica al opinar que se le está endosando una total responsabilidad a la comunidad en el éxito del plan, lo que a todas luces es contraproducente y poco realista de cara a hacer realidad la disminución del 59% de la contaminación al año 2026.

“El que se anuncien restricciones para la leña a hecho que muchos apaguemos las estufas y asumamos el problema como nuestro; pero también creo que las autoridades nos están imponiendo sus reglas sin que ofrezcan a la ciudadanía un apoyo efectivo en recambio de estufas, aislación térmica de viviendas o compra de leña seca”, señala Cecilia Henríquez.

Fiscalización

El Seremi de Medio Ambiente, Richard Vargas, desestima una eventual mano blanda en los trabajos inspectivos y aunque admite que los recursos económicos no han sido suficientes para aplicar las políticas del PDA, confía en que se conseguirá el financiamiento para avanzar con lo estipulado y adelantó que la próxima semana se convocará al segundo llamado para el concurso público de recambio de estufas 2017.

“No podemos pensar que solo con las medidas coercitivas se logran resultados, por eso apelamos a la sociedad organizada para que haga prevalecer las medidas que pronosticamos. Respecto al programa de calefactores, quiero indicar que daremos un impulso a la medida”, afirma Vargas y añade que no solo dispondrán de presupuesto que les entrega el ministerio, sino que optarán por conseguir financiamiento del Gobierno Regional, con el objetivo de masificar el programa.

Preocupación

El ingeniero en Medio Ambiente, Juan Luis Novoa, asegura que si bien las disposiciones del PDA no son suficientes, enfatiza que es la única herramienta que hoy en día nos entrega la legislación ambiental chilena para intentar  disminuir los altos índices de contaminación y mitigar el impacto que genera el material particulado; sin embargo, el experto no confía del todo en el éxito del documento si es que se mantiene el mismo estilo de trabajo.

“Creo que el escenario se viene complejo; si seguimos con este plan no creo que en 10 años lleguemos a alcanzar la meta. La fiscalización creo que debe ser más dura también, porque a mi parecer la comunidad tampoco se ha hecho parte del problema y somos todos los perjudicados”, acota.

Para el doctor en Medio Ambiente Luis Díaz Robles, el plan de descontaminación debe revisarse con la finalidad de evaluar su cumplimiento y remarcó que si no se siguen los lineamientos consignados en él, se perderá el sentido de haberlo puesto en vigencia.

“Los reglamentos se han hecho para aplicarlos; es verdad que existe cierta flexibilidad a la hora de ponerlos en marcha para que la gente se informe bien, pero un tiempo después si es necesario multar, se debe hacerlo. Creo que es importante reforzar el PDA desde el punto de vista comunicacional, pero también en el de atraer mayores recursos”, sostuvo Luis Díaz Robles.