Municipios “quebrados”

Los alcaldes de San Fabián, San Ignacio y Cobquecura han reconocido públicamente que sus municipios se encuentran prácticamente “quebrados” como consecuencia de millonarias deudas que les dejaron sus antecesores en áreas como salud y educación, cotizaciones provisionales y pagos a proveedores. Los tres también denuncian contratos amarrados, sobresueldos y cierres de ejercicios contables que nunca se realizaron o fueron irregulares, ocultando el alto nivel de endeudamiento que los tiene al borde la crisis. 

Casos como estos, a decir verdad, son bastante frecuentes cada vez que hay cambios en la administración de las comunas y se asocian mayoritariamente a la falta de controles sobre alcaldes que se mueven con muy poco contrapeso en su gestión, lo que abona el camino para actos irregulares o derechamente corruptos.   

La ausencia de este contrapeso político, se explica por el débil rol que cumplen los concejos municipales en la fiscalización de la labor del alcalde y de los funcionarios, pese a que distintas iniciativas legales han buscado fortalecer la probidad. Se deduce, entonces, que los ediles no están haciendo bien su trabajo, ya sea por desconocimiento de la normativa o simplemente porque son parte de las redes clientelares que los mismos alcaldes promueven. 

Cabe recordar que la figura de “notable abandono de deberes” también opera para los concejales y de hecho, a fines del año pasado, en un fallo que podría sentar precedente, siete ediles de la comuna de Hualpén fueron destituidos por no cumplir con su labor fiscalizadora. 

Crear mecanismos de control interno y favorecer la transparencia y acceso a la información para que la ciudadanía también pueda fiscalizar, es otro camino que aportaría a este propósito, sin embargo, la realidad en este ámbito también es precaria y marcada generalmente por relaciones subsidiarias, muchas veces clientelistas, con la autoridad local. 

La ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública traía implícita la promesa de ser un avance en esta materia, sin embargo, la realidad nacional y local nos confirma que su aporte ha sido igual a cero. 

Reducir el clientelismo de la gestión municipal debe ser prioridad, pues con organizaciones sociales escasamente autónomas y altamente cooptadas, difícilmente la sociedad civil organizada se puede transformar en un contrapeso social a las malas prácticas políticas que hoy existen en muchos municipios.

En este sentido, la clave es desarrollar un sistema en el que las prácticas corruptas sean difíciles de llevar adelante y en el que exista riesgo real para los funcionarios de ser condenados por sus acciones. Por otra parte, también es necesario que se revise constantemente el orden administrativo buscando la transparencia. De hecho, una burocracia lenta que se mueve de acuerdo con la tendencia política de turno es un gran facilitador de la corrupción. Y finalmente, es invaluable la función de los medios de comunicación independientes y de las organizaciones no gubernamentales para oficiar como controles externos cuando las herramientas institucionales fracasan.