Permisos de edificación

La superficie total autorizada para edificar en la comuna de Chillán, en el mes de febrero, fue de 15.035 metros cuadrados, cifra que representa un importante aumento, de 10.852 metros cuadrados, respecto a enero de este año. En tanto, al comparar el mismo periodo del año anterior, el incremento es aún mayor, pues en febrero de 2016 la superficie autorizada alcanzó solo los 4.185 metros cuadrados. 

Los números, correspondientes a un nuevo informe de permisos de edificación entregado ayer por la Cámara Chilena de la Construcción Chillán, muestran una positiva reactivación de la actividad en la comuna y son una señal del interés del sector inmobiliario de seguir invirtiendo en la comuna. 

Sin embargo, dada la precariedad de la trama vial de la ciudad, lo que debería ser una buena noticia por su impacto en la economía local y en la calidad de vida de los chillanejos que verán aumentar la oferta de vivienda, es también motivo de preocupación. 

En efecto, los problemas de conectividad de diferentes sectores de la ciudad que hoy se hacen patentes en las horas punta, con la llegada de nuevos conjuntos habitacionales se agudizarán de no mediar la construcción de nuevas vías. 

Sin embargo, como ha quedado de manifiesto en varios sectores de la ciudad, los tiempos de las inversiones privadas son muy distintos a los del aparato público, puesto que si una empresa requiere poco más de dos años para concretar un conjunto habitacional desde su diseño hasta la entrega de las viviendas, el Estado puede tardar fácilmente diez años en construir o ensanchar una avenida. 

Desde el punto de vista legal, un municipio no puede negar los permisos de edificación a las constructoras, si éstas cuentan con todos los requisitos legales, aunque el sentido común dicte que un determinado proyecto empeorará la congestión. 

De ahí la importancia de la responsabilidad social de las empresas constructoras, pues la buena relación con el entorno es clave para la sustentabilidad del negocio y de la marca. 

Y aunque nadie desconoce que la inversión en vialidad es una responsabilidad del Estado, la que no ha sido asumida con eficiencia en Chillán, eso no se puede traducir en un virtual desentendimiento por parte de las constructoras a la hora de mitigar sus impactos, pues se trata también de asegurar un estándar de calidad de vida adecuado a sus clientes. 

Más allá de lo anterior, hay que convenir que la ciudad la construyen todos, razón por la cual, ante la crisis vial que enfrenta la ciudad sería muy conveniente restablecer una instancia de diálogo entre la autoridad municipal y el mundo privado, con el fin de consensuar voluntades en torno a la superación de diversos problemas derivados de la falta de conectividad. 

Partiendo de la premisa de que el bien común es el bien superior, la búsqueda de acuerdos entre la autoridad y los inversionistas podría llegar a soluciones consensuadas, como por ejemplo, el financiamiento mixto (público-privado) de obras de infraestructura vial que se hacen urgentes y que el municipio no puede abordar por sí solo y la burocracia estatal tardaría años en resolver.