Los proyectos emblemáticos detenidos por aprensión municipal

Desde el 2014 a la fecha más de una decena de comunas del país, entre ellas, Santiago, Concepción, Punta Arenas y otras menores del norte y sur, han dictado ordenanzas para prohibir el uso de bolsas plásticas en el comercio con la finalidad de cuidar el medio ambiente.

Chillán se quiso sumar a esta nueva corriente ambientalista y a pesar de que la iniciativa contaba con amplio respaldo comunal y de concejales, a última hora la unidad jurídica alertó que habría problemas para echar adelante el proyecto.

La eleboración de la ordenanza iba a comenzar la semana pasada cuando se reunieron en el salón de Concejo ediles, abogados de la Municipalidad y funcionarios de otras direcciones y dirigentes vecinales, pero al momento de comenzar el debate, el abogado Pedro San Martín señaló que un dictamen de Contraloría restaba validez a los documentos.

La primera ordenanza de este tipo fue la de Punta Arenas, aprobada el 23 de enero de 2014, y que plantea como objetivo “la sustitución del uso de bolsas plásticas mediante la modificación de su distribución en los locales comerciales”.

En el caso de Coyhaique, el 17 de octubre emitió una ordenanza similar a ésa, donde se pone de manifiesto la necesidad de sustituir bolsas de polietileno por otras biodegradables.

La Contraloría, tras examinar ordenanzas de Cabo de Hornos, Torres del Paine, Puerto Natales y Punta Arenas, las que establecen prohibiciones y sustitución, plantea que para que puedan ejercer estas sanciones deben tener un “sustento legal”.

“Por consiguiente, corresponderá que las aludidas municipalidades adopten las medidas pertinentes, con el objeto de dejar sin efecto o adecuar dichas ordenanzas a la normativa vigente, informando de ello a la respectiva Contraloría Regional”, destaca la entidad contralora.

Pero a pesar de que la municipalidad parece haber actuado según la legalidad vigente, el asesor en temas municipales, Luis Díaz Acuña, señaló que la corporación debió haber sido más inteligente y no haber abortado el proceso que está en la línea de muchos municipios turísticos y que se alinean con el cuidado del medio ambiente.

En este sentido, el municipio debería haber generado una alianza con el comercio, incluyendo a todo tipo de locales comerciales y supermercados, para eliminar las bolsas, pues evidentemente no puede prohibir que las bolsas desaparezcan por ley, pero pueden ser desplazadas tras generar conciencia cívica.

El tema no es menor, señala, pues las bolsas de basura que van a vertederos, ríos y canales son usadas masivamente y tienen un largo período de desnaturalización. Se supone que cada chileno ocupa 200 bolsas al año. De esta manera, si en Chillán hay unas 180.000 personas, el consumo de bolsas de polietileno llegaría a los 36 millones de unidades cada año.

Por ello, el ingeniero civil señala que la mejor alternativa para el municipio es desarrollar acciones concretas para paliar la falta de una ordenanza con la sociedad civil.

Agrega que a pesar del dictamen de Contraloría, los abogados de la corporación edilicia perfectamente pudieron haber recurrido a Contraloría para que ésta reconsiderara el tema para que la salud de la población y el cuidado del medio ambiente se sobreponga al comercio de las nocivas bolsas de polietileno.

Farmacia popular
Donde la municipalidad chillaneja parece haber fallado, sin duda, es en lo referido a la instalación de la farmacia popular, iniciativa masivamente desarrollada por muchas comunas a nivel nacional luego de que Recoleta instalara la primera.

Díaz sostiene que fueron muchas las ciudades que incluso antes de que Contraloría emitiera su último informe de febrero pasado lograron abrir ese tipo de recintos para acercar a la población remedios que en el comercio se encuentran a valores muy elevados.

La municipalidad, en este sentido, ya debería haber abierto sus puertas hace mucho tiempo, considerando además, que tiene el presupuesto aprobado para abrir un centro de abastecimiento.

Desde la municipalidad, en tanto, se dijo que “la farmacia ha demorado porque es de interés municipal cerrar de la mejor forma el tema, sin trabas o dobles sentidos legales”.


Medicamentos de cannabis

Otro problema para el municipio se refiere a la entrega de recursos para la Fundación Daya, que elabora medicamentos a partir de cannabis. En este caso, la municipalidad comprometió la entrega de 36 millones de pesos que están retenidos.

Desde el municipio se indicó que el traspaso de recursos se ha prolongado por cuanto la unidad de control requiere seguridad absoluta sobre el destino de la inversión.

“La dirección de control tiene una pequeña aprensión relacionada con la cautela de los dineros a entregar”, se indicó desde la entidad edicilia.