Trabajo agrícola

Recientemente, la Oficina de Estudios y Políticas  Agrarias (Odepa) publicó un estudio sobre los desafíos en el mercado laboral para el desarrollo de la agricultura chilena, en el cual se identifican temas de política pública vinculados al trabajo agrícola, como la mecanización, la migración y la informalidad, entre otros, en el que se concluye, por ejemplo, que más que escasez de mano de obra en el rubro, lo que existe es un encarecimiento de ésta.

“La agricultura -afirma el texto- está pagando los costos de su propio éxito: su constante expansión y en particular, expansión en cultivos de mayor valor, y más intensivos en mano de obra, inevitablemente están pasando la cuenta en forma de una creciente estrechez del mercado laboral agrícola”. 

Esta realidad quedó en evidencia en los últimos años en Ñuble, particularmente con la fuerte migración hacia el Norte en los años de bonanza del cobre. Y si bien se ha moderado el alza del costo de la mano de obra, el crecimiento de casi un 40% de la superficie frutícola entre 2012 y 2016, prevé un mayor estrechamiento del mercado, con una creciente demanda por mano de obra.

Esa ha sido una de las razones del explosivo aumento de cultivos que demandan menor mano de obra, como los castaños o los avellanos, donde la tendencia apunta a la mecanización.

No obstante lo anterior, los niveles de mecanización en Ñuble aun son bajos y están circunscritos principalmente a grandes y medianas empresas. En este ámbito hay mucho por avanzar, ya sea adoptando soluciones ya probadas en otros países, o bien innovando a nivel doméstico.

Y si bien desde el sector público podría ser difícil de justificar la promoción de la mecanización, puesto que supone una pérdida de empleos, no resulta conveniente tampoco que desde el Estado se desaliente la mecanización para proteger empleos, lo que constituiría una mirada cortoplacista que no considera la necesidad de mejorar la competitividad del sector en los mercados internacionales.

Desde la perspectiva de las políticas públicas, las relaciones laborales en el mundo agrícola requieren de atención, de hecho, los asalariados agrícolas son uno de los grupos sociales más vulnerables de Chile, y ello tiene una implicancia directa en la calidad de vida en zonas rurales y en los procesos migratorios campo-ciudad.

Lamentablemente, la discusión en torno al estatuto laboral agrícola o estatuto del temporero, uno de los proyectos que el Ejecutivo debiera enviar al Parlamento este año, se ha focalizado en rigidizar las relaciones entre empleador y trabajador más que en contribuir a flexibilizar un mercado que tiene características distintas a las de otros sectores. Tal como ha ocurrido con otras reformas, este proyecto también ha caído en una ideologización.

Por ello, la Sociedad Nacional de Agricultura planteó hace unas semanas que el estatuto es un proyecto que no tendrá impacto, porque propone regular la negociación colectiva de los temporeros a través de sindicatos de trabajadores transitorios, de base territorial, interempresa o de empresa. Se trata de una propuesta que por las dificultades de organización difícilmente tendrá impacto en mejorar las condiciones de los trabajadores.

Los desafíos de la agricultura en materia laboral se deben pensar desde una perspectiva país, que considere el gran dinamismo del sector y por lo tanto, la necesaria flexibilidad para adaptarse a los cambios y a las particularidades de cada rubro, donde empresa y trabajador sean socios en el desafío de aumentar la competitividad para responder con éxito a la creciente demanda por alimentos desde los mercados emergentes, con productos de calidad y en consecuencia, con altos retornos, que también se reflejen en los ingresos de los trabajadores. Cuando Chile logre eso, se podrá decir con propiedad que es una potencia agroalimentaria.