Reforma a las Isapres

La necesaria reforma al sistema de Isapres es una deuda pendiente de esta administración, que de realizarse de manera inteligente, beneficiará directamente a los poco más de tres millones de usuarios, que representan el 19% de los cotizantes de los distintos sistemas de salud que existen en el país, pero particularmente, a los discriminados, como aquellos que tienen preexistencias, los adultos mayores y las mujeres en edad fértil.

Lamentablemente, este Gobierno se ha visto enfrentado a tantas dificultades en la aprobación e implementación de reformas cuestionadas, así como a los escándalos de corrupción y a la evidente crisis de liderazgo, que no quiso sumar otro frente de conflicto a los que ya tiene. En ese sentido, la estrategia de la dilación parece ser la que se impuso en el Ministerio de Salud, que ya tiene suficientes problemas por resolver en el sistema público.

Pero quizás el factor más importante ha sido la mirada ideologizada de muchos personeros y asesores de la Nueva Mayoría, quienes plantean que una reforma al sistema solo contribuiría a validar un modelo de aseguramiento privado, resultado de la “abominable” relación entre la dictadura y el neoliberalismo económico, que desde esa perspectiva, debe ser eliminado con una retroexcavadora a través de una reforma estructural basada en el principio de un sistema único.

Pero con la maquinara pesada en mal estado y ante los numerosos problemas prácticos que enfrentaría dicha reforma, como el financiamiento o su validez constitucional, se impuso la prudencia.

En este escenario, se esperaba que al menos se avanzara en una “ley corta” o legislación parche exprés para resolver algunas de las imperfecciones del sistema, o retomar la discusión del Plan garantizado de salud (PGS), una iniciativa presentada por la administración Piñera que contenía, entre otras medidas, una tarifa única para isapres, pero que fue abortada por la falta de acuerdo en el Legislativo. Pero nada de eso ocurrió.

Y pese a que el problema se agudiza día a día, con situaciones que deben ser corregidas, como las prácticas abusivas, la integración vertical Isapres-clínicas o la fijación arbitraria de los valores de los planes de salud, todo indica que habrá que esperar hasta el próximo gobierno para abordar este problema de manera integral.

Es de esperar, entonces, que éste sea uno de los temas de la próxima campaña presidencial, con las naturales diferencias entre quienes plantean un sistema único solidario, un sistema mixto y el perfeccionamiento de los dos principales sistemas que conviven actualmente.

En ese sentido, es justo exigir también que una reforma al sistema de Isapres vaya acompañada de una reforma al sistema público de salud, no solo a través de la inyección de más recursos, sino que con mejor gestión, fortaleciendo la salud pública en todos los niveles, de manera tal que en el futuro no se siga observando la actual discriminación en el acceso a la salud según los ingresos y la escasez de especialistas en el sector público, y así, el discurso del acceso universal a la salud, como un sistema de protección de verdad, se haga realidad.

Se debe velar por mejorar ambos sistemas, de manera que no se generen desequilibrios que favorezcan masivas migraciones que, en la práctica, aumentarían las tasas de riesgo promedio de uno u otro, y por tanto, sus costos, porque en definitiva, tanto el público como el privado son sistemas que funcionan gracias a la subsidiariedad (los sanos subsidian a los enfermos). 

Pretender imponer a todos un solo sistema, limitaría la competencia, y los chilenos saben muy bien lo que ocurre cuando una actividad es monopolizada por el Estado.