Polémica por anuncio de hacer peritajes a máquinas de azar

Una nueva disposición de la Superintendencia de Casinos podría zanjar de una vez por todas las disputas entre empresarios y municipios respecto al funcionamiento de los locales de juegos electrónicos, que generalmente terminan en tribunales y, a veces, con una breve escala en los calabozos de alguna comisaría.

Al menos en Chillán, casos hay de sobra.

Y es que a fines de diciembre, la superintendencia determinó que serán ellos quienes emitirán los informes necesarios para determinar si una máquina constituye un juego de destreza o de azar, lo que en el último caso está prohibido, aclarando además, que esta medida no se aplicará a los locales con permisos ya otorgados.

Y si son de azar o destreza es la discusión fundamental para que un empresario pueda o no funcionar, sin olvidar el contexto que las de azar eran las preferidas por los clientes y, en consecuencia, las más lucrativas para los locatarios.

Sin embargo, hay un punto trascendental que no ha sido aclarado y que puede ser el obstáculo más grande para que esta disposición se lleve a cabo: “Nosotros le hicimos varias observaciones a la superintendencia, el pasado 20 de diciembre, y uno de ellos era el que no se deja en claro quiénes van a financiar esos peritajes, y es claro que la superintendencia no tiene un departamento técnico a quien pedirle que realice ese trabajo”, apunta el abogado Héctor Mella, quien ha defendido a diversos propietarios en Chillán y que ha buscado la prevalencia de estos locales en el centro.

“Cada peritaje debe incluir el sacar el código fuente de la máquina, enviarlo a un ente capacitado, el que casi siempre resulta ser Gamming, en Estados Unidos, para que haga los estudios que determinen si la máquina funciona en base a la destreza del jugador, o si es de resultados aleatorios o semialeatorios, y todo eso tiene un costo de casi mil dólares. La pregunta es, entonces, ¿quién va a pagar eso?, no creo que ni la superintedencia y menos los municipios”, explicó Mella, aludiendo en su último punto en que la superintendencia realizará los peritajes solo si un municipio se los solicita, pero nunca actuará de oficio.

Ante este punto el alcalde Sergio Zarzar optó por la cautela y dijo que “mientras no sepamos cuánto es el costo de un peritaje, no podemos saber si el municipio está o no en condiciones de costear estos servicios. Sinceramente, creo que eso de que cuesten mil dólares es una exageración propia de alguien que siempre busca intimidar con sus declaraciones”. De todas maneras, la máxima autoridad comunal dejó entrever que dependerá del costo si solicitarán o no el peritaje.

Incidencia en las fiscalizaciones
Cuando el fiscal Mauricio Mieres cerró su octavo causa con resultado condenatorio en contra del dueño de uno de los llamados “casinos populares”, el municipio reconoció abiertamente haber sentido el espaldarazo por parte de la Justicia en su intención por clausurar estos locales.

Y en adelante, anunciaron una serie de fiscalizaciones al resto de los locales que aún están vigentes para evitar que mantegan máquinas de azar a disposición. 

Fiscalización que, por cierto, si es que se ha hecho, no ha sido masiva como era frecuente en 2015 y 2016.

Ahora y con esta nueva disposición, no queda claro si, en caso de que una municipalidad no cuente con finanzas para pagar los peritajes, deberá abstenerse de pedir el peritaje.

“Por eso digo que se trata de una medida absurda, es ridículo. Hay muchos errores cometidos por el contralor”, zanjó Mella, mientras que Zarzar advirtió que “nosotros siempre usaremos todo lo que la ley nos permita para hacer respetar nuestras normativas. Ni como alcalde ni como ciudadano puedo bajar los brazos en la tarea de erradicar estas máquinas que tanto daño le han causado a los chillanejos, especialmente a los pobres”.