Revocan resolución ambiental de proyecto clave para El Campesino

La Corte Suprema de Justicia acogió el recurso de protección interpuesto por la Asociación Indígena Koñintu Lafken Mapu, en contra del proyecto Terminal GNL Penco-Lirquén, iniciativa clave en el funcionamiento de la futura central termoeléctrica a gas natural El Campesino que se prevé construir en Bulnes, ya que esta recibiría el combustible desde la comuna costera.

El máximo tribunal dio la razón a la comunidad mapuche, que argumentó, se cometieron serios vicios durante el proceso de participación ciudadana durante la evaluación ambiental, requisito indispensable de realizar en todo proyecto que involucre impacto en el medio ambiente.

De acuerdo a la Corte Suprema, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) actuó de manera arbitraria al poner término anticipado a la consulta indígena, sin haber acudido a la comunidad luego que la empresa presentara modificaciones a su proyecto a través de una adenda, por lo que se le revocó su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que se le otorgó el año pasado.

“Esta Corte brindará la cautela requerida, en razón que para la aprobación del proyecto Terminal GNL Penco-Lirquén, era necesario concluir el procedimiento de participación ciudadana previamente convocado...”, precisó el máximo tribunal del país.

Reacciones
Andrés Parada, uno de los voceros de la agrupación Bulnes Sin Termoeléctricas, se mostró satisfecho por la resolución y destacó el espaldarazo que les está dando la justicia.

“Acá lo que está diciendo la Corte Suprema es que se debe terminar la evaluación ambiental”, enfatizó.

A través de un comunicado, Biobiogenera,  la empresa dueña del proyecto, indicó que si bien la justicia no les dio la razón en el litigio, explicó que este revés solo significa un atraso en su ejecución.

“Este fallo tiene un impacto en términos de plazos, pero mantenemos nuestra convicción de sacar adelante este proyecto tan necesario para la región y el país”, aclaró la firma y, añadiendo que, como siempre lo han hecho, cumplirán con las exigencias legales y administrativas dispuestas por la institucionalidad.

Por su parte el secretario regional del Ministerio de Medio Ambiente, Richard Vargas, se refirió de manera escueta al dictamen del máximo órgano judicial. “Los fallos de la Corte Suprema no se comentan, solo se acatan”, precisó el funcionario de Gobierno.