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Viviendo entre zonas de extracción de áridos y chancadoras

A dos kilómetros de la casa de Gabriela García, lugar en el que realiza las piezas de alfarería que tienen a las artesanas nominadas a la categoría Tesoro Humano Vivo de la Unesco, funcionó una planta de extracción de áridos por casi diez años, propiedad de Cosmito, que cerró hace unos meses, y que estaba representada por el empresario y político Óscar Ferrel.

Gabriela asegura que la planta fue nociva para las alfareras. “Ya no se ve la separación entre la ribera y el río. Nuestras arenas las extraemos de las partes altas y bajas, por lo que al tomar los relieves de los ríos hacen que se distorsione el curso del agua, porque al sacar la piedra arrasan con todo. Además, el ruido de la chancadora es ensordecedor, lo escuchábamos día y noche. Realizamos un arte, y necesitamos tranquilidad, no queremos que nos roben nuestro espíritu alfarero”.

En los sectores de Quinchamalí, Huape y Huechupín existen cinco plantas chancadoras en un radio de 12 kilómetros. Los ruidos, posible contaminación, pérdida de flora y fauna y la destrucción de la ribera del río Ñuble, hacen que estos proyectos sean resistidos por los vecinos. Es lo que le expusieron al seremi de Medio Ambiente en mayo, cuando se enteraron de que la empresa Arenex presentó una ampliación de su proyecto a uno de 109 hectáreas. En esa misma reunión, uno de los participantes mencionó a los vecinos que se había presentado un megaproyecto al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emplazado en Quinchamalí, a solo un kilómetro del que había cerrado por quiebra, recuerda Ghislaine Vallejos, cordinadora de la Asociación de Defensa del Entorno Ecológico y patrimonial del sector poniente. La planta de extracción de áridos en Quinchamalí abarcará una extensión de 419 hectáreas y extraerá material hasta lograr una cuota de 2.766.000 metros cúbicos durante 10 años. El proyecto está a cargo de Inmobiliaria e Inversiones PBH, representada por Pamela Bustos, esposa de Óscar Ferrel.

Ni ese proyecto ni el de Arenex, ni ninguno de los otros cinco que se encuentran en la zona, contó con participación ciudadana, instancia de evalaución ambiental contemplada para proyectos que ingresan a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), como es el caso de los áridos, solo si se presenta una solicitud al SEA en 10 días. Pero los vecinos se enteraron cuando el plazo había vencido.

“Estamos al frente de donde se instalaría ese megaproyecto. El turismo se perdería porque la gente ya no va a querer venir a una ruta transitada por camiones, exponiéndose a piedrazos en los parabrisas. Es muy complicado estar rodeadas de chancadoras”, dice Gabriela García.

El lunes pasado las alfareras realizaron una manifestación en Chillán. La alfarera Mónica Venegas recalca que “estamos postulando al listado Unesco para ser Tesoro Humano Vivo, donde se evalúa la mantención del entorno. Ya convivimos con cinco empresas, pero dos megaproyectos nos perjudicarían mucho ante la Unesco”.

Negocio no regulado

Nolfa Mardones (68) vive desde hace seis años en Huechupín. Luego de jubilar decidió vivir en el campo. Su primera actividad al levantarse es salir a caminar y recorrer el río. “Se hundió, desapareció, solo quedaron los peces muertos”, relata mientras camina por lo que antes era el río.

Ghislaine Vallejos afirma que participan de una mesa de trabajo con las autoridades. “Nosotros vamos a pedir respuestas en la próxima reunión, queremos saber cuál es su compromiso. Nosotros exigimos que no se instalen estos proyectos. No nos negamos a la extracción de áridos, pero casi 500 hectáreas no puede ser. Tiene que ser en pozos lastreros que no necesitan ríos, hay otras formas de sacar el árido. Si se saca un poco en cada comuna, puede ser una solución, porque somos la zona de sacrificio de las chancadoras”, enfatiza.

Los vecinos saben que quedar fuera de la participación ciudadana es una desventaja ante las empresas. “Cuando el SEA invita al municipio en su pertenencia, el municipio puede decir que el proyecto tiene carga ambiental, porque aquí hay gente afectada, pero si el municipio no dice nada el que calla otorga, y cuando no avisa a sus ciudadanos nadie puede ir”, reclama Vallejos.

La Municipalidad de Chillán explica que “efectivamente el SEA ofició a este municipio, pero ocurrió el desafortunado hecho que justo en ese momento el SEA envió vía electrónica el requerimiento y a su vez el municipio no había actualizado el cambio de responsable de responder, quedando un vacío. Ahora, la opinión municipal en el tema no es vinculante para ninguna decisión del SEA, prueba de ello es que el proceso continuó a pesar del no pronunciamiento municipal”.

Y enfatizó que “la participación ciudadana no se limita a generar movimientos y no se detiene en ese punto, es necesario recordar que cualquier aprobación de extracción desde un bien nacional de uso público queda finalmente al arbitrio del Concejo Municipal (conformado por representantes de elección popular), el que en votación aprueba y rechaza las solicitudes que visa o no el SEA y otros organismos”.

Braulio Cires, exjefe de una planta de áridos, explica que “el principal componente de los áridos es el sílice, todos sabemos que provoca enfermedades pulmonares. Incluso lavan estos áridos y ese material y agua con todo el polvo fino que es sílice, por infiltración se va al río. Han adulterado el curso del río, porque sobrexplotan, y pese a eso Arenex pide una renovación del proyecto porque dice que no alcanzaron a sacar la cantidad que les permitían”.

Sobre las fiscalizaciones sanitarias, Marta Bravo, seremi de Salud,explica que las plantas de áridos no requieren autorización sanitaria expresa. “Pero sí tienen que cumplir con el Decreto Supremo 594 del Ministerio de Salud, sobre condiciones sanitarias básicas en los lugares de trabajo, como cualquier otra actividad productiva”, precisa Bravo.

Y agrega que la Seremi de Salud otorga permisos sectoriales sanitarios asociados a la extracción. “Ahora, si la actividad se ha sometido al SEIA y cuenta con RCA favorable, debería ser fiscalizada por la Superintendencia del Medio Ambiente. En paralelo, la autoridad sanitaria puede concurrir a fiscalizar en aspectos sanitarios por demanda espontánea, en caso de ingresar alguna denuncia a nuestra institución”, dice.

En su visita a Ñuble esta semana, el superintendente de Medio Ambiente, Rubén Verdugo (s) reconoció que la Superintendencia debe aumentar las fiscalizaciones en materia de extracción de áridos.

Cires explica que el negocio es rentable para las empresas. “El costo que le significa a la empresa sacar un metro cúbico del río, considerando que declaren lo que realmente sacan, lo que no siempre ocurre, es de 240 pesos aproximadamente por impuesto de extracción, y el costo de producción oscila en 1.500, y lo vende a 7.500 pesos”. La chancadora que busca instalarse en Quinchamalí extraerá según su DIA 2.766.000 m3.

Las patentes y los impuestos de extracción son pagados al municipio. La Municipalidad de Chillán asegura que “los montos por conceptos de patentes están determinados por el capital involucrado de la empresa en cuestión. Por regla general en este municipio no informamos acerca de los tributos que particulares cancelan, pero vale decir que los montos cancelados están en orden tanto en patentes como en términos de derechos de extracción”.

Cires plantea una alternativa. “Aquí se concentra en una sola zona toda la destrucción, por lo que no basta con una o dos generaciones para recuperar el impacto que generan. En Europa hicieron proyectos más pequeños, donde el impacto sea menor. Estos minipuntos de extracción los acercaron a las zonas de uso, para que en vez de recorrer 150 kms. como ocurre en Chile, solo sean 12, y así no se afecte la red de caminos”, argumenta.

Proyecto en el Río Itata

La terraza de Gabriela Casanueva mira hacia el río Itata. Después de jubilar, ella y su marido decidieron vivir en Quillón, cerca del río, y dedicarse a la plantación de almendros. El río divide a la comuna de Bulnes y Quillón y Gabriela suele caminar por su ribera con sus nietos en verano. Ella sabe que el paisaje que contempla desde su terraza puede cambiar si el proyecto de la Maquinaria y Transportes Aninat es aprobado. La empresa prentende instalar una centro de extracción de áridos y una chancadora en el Río Itata, y pretende extraer 500 mil m3 en una extensión de 16,4 hectáreas. Y es que lo que Gabriela observaría serían las cuñas de extracción de la empresa que se instalarán justo a la altura de su casa. “Qué tipo de mitigación podría devolverme mi calidad de vida”, cuestiona.

En marzo los vecinos afectados de las comunas de Quillón, Bulnes -donde se emplazarán las cuñas de extracción-, y Ránquil -que albergará la chancadora- presentaron una solicitud al SEA para acceder a la participación ciudadana, cuando el organismo era encabezado por Sebastián Cruz. “Nunca nos aceptaron la participación porque el funcionario a cargo nos decía que no lográbamos demostrar la carga ambiental del proyecto”, relata Gabriela.

En junio, cuando asumió el ingeniero civil químico, Pedro Navarrete, la solicitud fue aceptada. Navarrete dejó el cargo hace un par de semanas. Los vecinos piensan que haber aceptado la participación fue una de las causas de su salida.

Sobre los procesos de evaluación de extracción de áridos, Navarrete explica que “la carga ambiental es la concurrencia simultánea de dos efectos: el impacto ambiental, que no tenemos ninguna duda que en un proyecto de áridos ocurre y se presenta por el solo hecho de remover los sedimentos de un cauce natural y la zona aledaña, y que haya un beneficio de la comunidad, dándose los dos efectos, procede la participación ciudadana”.

El ingeniero detalla que “no cabe ninguna duda que la participación ciudadana es esencial, es necesario que las personas puedan manifestar su opinión en un marco de respeto y de comprensión. Si elijo un territorio tengo que conversar con las personas que viven ahí porque ellos ven cosas que muchas empresas de ingeniería no son capaces de ver en sus oficinas”.

Y recalcó que “habiéndose excedido los plazos, una carta bien fundamentada que se haga llegar al SEA, el organismo tiene que tenerla en cuenta, queda fuera de plazo en el sentido de no tener la obligación legal de acoger o rechazar las observaciones, sin embargo, para la evaluación que tienen que hacer los servicios del Estado ayuda mucho, porque entrega pistas y son consideradas”.

Sobre la necesidad de un estudio, que es lo que piden los vecinos del río Itata, considera que “el estudio significa profundizar ciertos aspectos, por ejemplo si se trata de un río donde descubro que hay carmelitas u otros peces que están en extinción. La zona de Ñuble está entre el bosque valdiviano y el bosque árido, todo lo que venga en esta zona tiene que ser mirado con cuidado, si aparecen especies e impactos relevantes, hay que analizarlo mejor”. Los vecinos tienen documentos que aseguran que las carmelitas y otros peces están presentes en el río.

Y recalca que “la extracción de áridos es algo que no está muy regulado, la Municipalidad, la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), la DGA, emiten sus pronunciamientos, pero es el municipio el que emite finalmente el permiso y el que recibe los fondos correspondientes a la extracción que se hace, es quien está en el territorio. El municipio no tiene director de Medio Ambiente, salvo contadas excepciones, tiene un encargado de Aseo y Ornato y Medio Ambiente, no puede ser, tienen que darse cuenta que sus riquezas deben defenderlas para su desarrollo”.

Jorge Álamos, agricultor de la zona del Itata, destaca que “estoy absolutamente en contra de extraer áridos de un río que es un santuario para nosotros, y que las mitigación es plantar árboles que van a cortar. Pedimos un estudio serio a la DOH”.

María Pérez (50) relata que aprendió a nadar en el río y que le enseñó a sus hijos y nietos. “Nosotros disfrutamos de este río, de la pesca en verano. Ya tenemos una planta chancadora que hizo daño porque el agua antes era cristalina y ahora no se ve nada. Además, la mayoría de las personas que vive aquí son adultos mayores, y el ruido será insoportable. La empresa en una reunión nos dijo que el río no tiene dueño, pero el río es de todos”.

Olivia Ferrer (80) llegó hace casi veinte años luego de jubilar junto a su marido, que ya falleció. Su casa está junto al río, allí tiene un huerto de alcachofas y pasa su tiempo compostando. “Vivir aquí es impagable, vivimos de forma sustentable, no queremos contaminación de nuestro río, que muera nuestra fauna marina, protegeremos nuestra naturaleza al precio que sea”.

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